De acuerdo con información dada a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como parte de la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad, se revela que en Querétaro (ENPOL), los temas relacionados con violación a los derechos humanos en sus diferentes vertientes se siguen presentando desde el momento de una detención hasta la conclusión del proceso judicial.
Dicha encuesta fue realizada en 2016, en la que se tomó información de 1972 personas mismas que se encuentran recluidas en los distintos centros de readaptación del estado.
En lo que se refiere a las causas de su detención las personas encuestadas manifestaron:
El 51.1 por ciento refirió haber cometido un delito, 2 por ciento declaró que fue acusada de haber cometido algún delito, 3.6 por ciento dijo haber ayudado a la comisión de un delito y un 7.4 por ciento afirmó haber sido implicada en uno.
De estos, un 49.7 por ciento dijo haber sido detenido por la Policía Ministerial o Judicial, 26.8 por la Policía Municipal o Preventiva, 6.8 por ciento por la Policía Estatal, 5.8 por ciento por la Policía Federal, 0.8 por ciento por el Ejército y 0.5 por ciento por la Marina.
Durante el arresto:
Por la situación en la que se llevó a cabo el arresto, 28.6 por ciento refiere haber sido detenido inmediatamente después de la conducta o acto por el cual la acusan, 17.9 por ciento afirmó ser detenido cuando Iba pasando por la calle y sin orden de detención, 17.2 por ciento aseguró ser sacado del lugar donde estaba sin orden de detención, 16.4 por ciento por una Orden de Detención, y sólo el 10.9 por ciento dijo ser detenido realizando la conducta o acto por el cual la acusan.
En un 55.3 por ciento de los encuestados dijo que la Policía no se identificó al momento de la detención, un 42.6 por ciento dijo que sí; un 61.6 por ciento dijo que la policía no le mencionó el motivo de la detención, el 36.8 por ciento sí.
Población privada de la libertad de 18 años y más en Querétaro, un 29.7 por ciento, dijo ser detenido de 2015 a la fecha, el 35.3 por ciento de 2012 a 2014, 17.3 por ciento antes de 2008 y 17 por ciento entre 2009 y 2013.
Al momento de la detención, un 78.3 por ciento dijo que fue esposado y un 53.5 por ciento refirió haber sido sometido por medio de fuerza física, además un 38.3 por ciento dijo que se utilizó algún arma de fuego para someterla y un 21.9 por ciento con un arma contundente.
Resalta que un 3.6 por ciento dijeron que durante su detención se le disparó con un arma de fuego y un 2.2 por ciento que fue sometido con alguna sustancia química.
En contraparte, un 83.3 por ciento dijo que no trató de defenderse o escapar al momento de su detención, mientras que un 11.6 por ciento dijo intentar defenderse y el 8.7 por ciento trató de escapar.
Durante el traslado:
De las personas detenidas que fueron sujetas a interrogatorio, el 76.8 por ciento aseguró ser presionada durante el mismo, un 22.9 dijo que no fue presionada.
Según esta población, los tipos de violencia que fueron permitidos o cometidos por la policía o autoridad antes de ser presentados ante el ministerio público, se incluyeron la incomunicación (60.7 por ciento), desnudo (53.5 por ciento), amenazada con levantarle cargos falsos (51.2 por ciento), presionada para denunciar a alguien (38.6 por ciento) y hasta amenazada con que le harían daño a su familia (33.4 por ciento).
También, un 53.4 por ciento dijo haber sufrido patadas o puñetazos antes de que la policía lo pusiera a disposición del ministerio público, el 30.8 por ciento refirió sufrir algún tipo de aplastamiento, 28.2 por ciento golpes por objetos, 10.6 por ciento descargas eléctricas.
Lo que más llama la atención es que 4.8 por ciento refirió haber sufrido violación sexual, 2.3 por ciento lesiones con arma blanca y 1.1 por ciento lesiones con arma de fuego.
Respecto al lugar donde fueron llevados tras su detención, el 3.8 por ciento dijo haber sido llevado a una oficina de gobierno, 1.6 por ciento ante un Juez de lo Penal, 1.5 por ciento a un centro de arraigo, 1.5 por ciento a un Hospital, 1.4 por ciento a un centro de detención, un 0.3 por ciento (7 casos) que fueron llevados a una Zona Militar. La gran mayoría 57.1 por ciento dijo que lo llevaron al Ministerio Público y el 17.3 a instalaciones de la policía. Un 8.6 por ciento aseguró haber sido llevado a espacios o lugares no designados legalmente.
Sobre el tiempo transcurrido luego de su detención, antes de ser presentados ante un Ministerio Público, el 17.6 por ciento dijo haber estado detenido entre 6 y 24 horas, 16.4 por ciento de 3 minutos a una hora, 15.7 por ciento menos de 30 minutos y 14.7 por ciento de 2 a 4 horas.
Ya en la puesta a disposición:
Entre la población de Querétaro que fue privada de la libertad, de 18 años y más, alrededor del 21.9 por ciento dijo que fue víctima de algún acto de corrupción, dado que en el 54.7 por ciento de estos casos se le pidió algún beneficio durante su arresto por parte de la policía o autoridad para dejarla ir, y 12.1 por ciento para evitar daños, lo que incluye no agredirlo, lesionarlo, hacer daño a su familia o amigos, así como no fabricar evidencia en su contra.
En el Ministerio Público
De la población privada de la libertad, de 18 años y más en Querétaro, que fue presentada en una agencia del Ministerio Público, según ejercicio de derechos durante su estancia en ésta, refirió que en el 44.9 por ciento el agente del MP no se identificó como la autoridad a cargo, al 29.6 por ciento no se le dijo de que lo acusaban, al 72 por ciento no le permitieron contactarse con algún familiar o amigo y un 77.6 por ciento no se le autorizó contactar con su abogado.
En el Interrogatorio:
Según la condición de su interrogatorio durante su estancia en el MP, el 20.1 por ciento dijo que no fue interrogado en esa instancia y el 78.1 por ciento que sí; de estos últimos, refirieron que un 69.8 por ciento fueron interrogados por un policía judicial o ministerial y un 72.2 por ciento por un agente del MP.
Durante su estancia en el MP, un 56.9 por ciento dijo haber rendido y firmado su declaración, 40.2 por ciento que no. De quienes firmaron su declaración, sólo el 40 por ciento refiere que la persona encargada apuntó exactamente lo que declaró, 52.4 por ciento dijo que la policía o autoridades lo presionaron para dar otra versión de los hechos.
De estos firmantes, el 33.1 por ciento dijo que sí le dieron a leer su declaración antes de signarla, 30.6 señaló estar de acuerdo con lo escrito y solo el 34.3 por ciento dijo que fue en presencia de su abogado.
Al momento de firmar su declaración durante su estancia en un MP, 56 por ciento de los que actualmente están privados de su libertad en Querétaro, el 52.5 por ciento dijo haberse declarado culpable; de estos, el 47 por ciento dijo haber reconocido los hechos, un 27.3 por ciento señaló haber sido presionado o amenazado, 13.9 por ciento afirmó haber recibido alguna agresión física; en el 3.3 por ciento de los casos dijo haber aceptado la culpabilidad por recomendación de alguien del Ministerio Público y 2.3 por ciento para proteger a alguien más.
Quienes fueron acusados por algún tercero respecto a la comisión de un delito, 49.6 por ciento de la población privada de su libertad en Querétaro, el 64.6 por ciento dijo que la persona declarante si lo vio, mientras que el 31.8 por ciento dijo que no.
De las personas que fueron remitidas a algún ministerio público durante su detención, al menos 249 personas (12.1 por ciento) refirieron haber sido testigos o víctimas de actos de corrupción en esta instancia, en el 66.4 por ciento de los casos para dejarla ir, 15.7 por ciento para modificar la versión de los hechos y el 3.8 por ciento para evitar agresiones físicas.
Respecto al tiempo que pasó detenido en esta instancia, de los presentados en el Ministerio Público refirieron que el 35.9 por ciento permaneció menos de 24 horas, 25.1 de 24 a 48 horas, 23.4 por ciento de 48 a 72 horas, 6.8 por ciento de 72 a 96 horas y 3.3 por ciento más de 96 horas.
En el Proceso Judicial
Sólo el 44.9 por ciento de las personas privadas de la libertad, de 18 años y más en Querétaro, refiere haber contado con asesoría de un abogado antes de llegar con un juez de lo penal.
Una vez de haber llegado ante el juez de lo penal, el 69.8 refirió no haber contado con un defensor, el 75.5 por ciento dijo que el juez no le indicó el motivo de la acusación, sólo al 19.1 el juez le preguntó cómo lo habían tratado en el MP y al 24.1 le preguntaron si tenía alguna queja respecto al trato recibido durante la detención.
Resalta que de la población privada de su libertad en Querétaro sólo el 22.6 por ciento (445) se encuentran en proceso respecto a su situación jurídica, mientras que el 77.2 por ciento tiene sentencia ya dictada.
De esta población privada de su libertad, el 25 por ciento cumple una sentencia que va de uno a cinco años, el 24.8 por ciento de 6 a 10 años, el 10.4 por ciento de 11 a 15 años, el 13 por ciento de 16 a 20 años y el 24.8 por ciento de 21 años a más. La mayoría de esta población, el 35 por ciento han sido sentenciados de 2015 a la fecha, el 32.6 por ciento de 2012 a 2014, el 10.1 de 2009 a 2011 y el 13.8 antes de 2008.
Al menos el 98.6 por ciento de esta población vivió prisión preventiva durante el proceso judicial que se les seguía.
Los principales delitos sentenciados en Querétaro
Homicidio es el principal delito por el que personas que viven privadas de su libertad en Querétaro han sido sentenciados (35.4 por ciento), seguido del robo a casa habitación (11 por ciento), violación sexual (10.7 por ciento) y robo a negocio (8 por ciento); presentándose en menor grado el secuestro o secuestro exprés, la posesión ilegal de drogas, lesiones, potación de armas, comercio ilegal de drogas, fraude, robo a transeúnte y la extorsión. Siendo el 81.9 por ciento de los delitos del fuero común y 11.4 por ciento del fuero federal.
