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PGJE viola derechos de un indígena de Amealco

Debido a que existe una violación a los derechos de su hermano Marcelo, el indígena de Amealco que fue detenido por la Procuraduría General de Justicia (PGJE) con una trampa, por supuesto despojo de tierra, a quien se le tomó la declaración sin un intérprete de otomí, Floriberto Clemente Alberto, pide la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ).

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Derivado de que el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Querétaro, Rosendo Anaya evidenció que a pesar de que el artesano proveniente de Santiago Mexquititlán, no habla ni entiende bien el español sino otomí, en su primera declaración no se le otorgó a un traductor, y no entiende los términos legales.

Enrique Rueda Segura, el abogado del caso, explicó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la entidad, citó a Marcelo Clemente y, a quienes lo acompañaron a la Ciudad de México, para pedir asesoría en la misma dependencia, respecto a las consecuencias jurídicas que tendrá, la declaratoria de tierras nacionales, la cual se les negó en ocasiones pasadas.

“No es posible que la misma autoridad se preste a atender una trampa porque la es. Ese día (26 de enero, cuando detuvieron al artesano), llegamos todos los compañeros y se nos hizo muy sospechoso que nos hacen pasar a las oficinas con el delegado y entra una abogada, y nos hizo pasar lista y formar en una hoja y de manera discreta comenzó a tomarnos fotos”.

Dijo que a tres pasos de salir de la delegación de la Sedatu, elementos de la policía investigadora ministerial de la DID detuvieron a Clemente Alberto, debido a la denuncia penal que interpusieron los hermanos Vallarino, por supuesto despojo de tierras.

Por lo cual, mostró que dos delegados de Reforma Agraria, otorgaron la posesión de tierras a un grupo de campesinos, aproximadamente a unos 400, en el Segundo Barrio de El Marqués, para ganado y vivienda, a donde se fue a habitar Marcelo, en el año de 1997.

“Son los hermanos Vallarino, interpusieron la demanda penal, argumentando que son dueños y tienen unas escrituras, quién sabe cuál sea el origen de esas escrituras. Pusieron la demanda penal por el despojo, el juez dio la orden de aprehensión, está detenido, el juez de manera indebida le fijó 50 mil pesos de fianza con garantía de multa y seis millones de pesos de reparación del daño”.

Refirió que no se le puede pedir una reparación del daño al artesano, pues se comprobó que son tierras nacionales y no existe una afectación a Los Vallarino, porque existe una identidad de las tierras, ubicadas en esa zona.

“El hermano y esposa de Marcelo Clemente Alberto, ha pedido la intervención de la DDHQ, sentimos que hay varias violaciones, la primera se dio en la declaración preparatoria del 27 de enero, en el cual declaró sin ser asistido por un traductor, él habla otomí, a pesar de que él lo dijo y dijo que no podía leer bien ni escribir, le tomaron la declaración, la Ley dice que debe tener un traductor”.

Enfatizó que por parte de la defensa, se pidió ampliación de declaración de los hermanos “Vallarino”, y dos personas de esa familia, admitieron que no hay un despojo de tierras.

“Declararon dos de ellas y reconocen que no se les ha despojado y dañado nada, es parte del proceso, ya se interpuso un incidente de reducción de fianza, que se está tramitando, para ver si el juez reconsidera otra vez, porque ya le hicimos ver que sí hay identidad de los predios y no habría por qué fijar la reparación de los daños. Para el 20 tenemos una resolución en el juzgado de distrito, para ver qué nos resuelve en el auto de termino que se interpuso el amparo”.

Concluyó que el indígena tiene cinco hijos y no puede pagar ni la fianza, por lo que pide a la Defensoría su apoyo para hacer una recomendación en el caso, sobre todo por la irregularidad en el proceso y de no comprobarse el delito, consideró que la familia podría pedir reparación de daños por los días que pase en el penal de San José El Alto, y una disculpa pública.

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