La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) tuvo conocimiento de ocho fallecimientos ocurridos en los centros penitenciarios del estado entre 2024 y 2025. Los casos se relacionan principalmente con presuntas omisiones médicas, deficiencias en la prestación de servicios públicos y condiciones indignas de reclusión. Aunque algunos expedientes fueron concluidos, la mayoría de los decesos permanecen en trámite, lo que refleja la necesidad de un seguimiento puntual por parte de las autoridades.
Durante estos dos años, la DDHQ recibió un total de 86 expedientes de queja: 48 en 2024 y 38 en 2025. Las denuncias abarcan a los cuatro centros penitenciarios varoniles y femeniles del estado, además de la Fiscalía General y la Policía Procesal. Los derechos humanos más señalados como vulnerados fueron el trato digno, la integridad personal, la seguridad jurídica, la legalidad y la protección a la salud.
Las causas principales de las quejas se concentran en cuatro grandes rubros. El primero es la violencia institucional, con múltiples testimonios de golpes, esposas apretadas y revisiones humillantes. El segundo corresponde a la negligencia médica, que incluye la falta de medicamentos, retrasos en procedimientos y ausencia de especialistas. El tercero son las restricciones a visitas familiares y conyugales, que se han convertido en un motivo recurrente de inconformidad. Finalmente, se documentaron casos de discriminación, especialmente hacia mujeres y personas transgénero privadas de la libertad.
En cuanto al estatus de resolución, la mayoría de los expedientes fueron concluidos, aunque muchos cerraron con determinaciones de “No violación” o “Desistimiento”. Otros fueron resueltos durante el trámite, lo que significa que las autoridades penitenciarias corrigieron la situación antes de que la Defensoría emitiera una resolución final. Sin embargo, una proporción significativa de casos sigue en trámite, incluyendo los ocho fallecimientos, lo que evidencia la necesidad de mayor transparencia y vigilancia en el sistema penitenciario queretano.
Este panorama muestra que, aunque la DDHQ atiende y documenta las quejas, persiste un patrón de violencia institucional, deficiencias médicas y restricciones administrativas que afectan directamente a las personas privadas de la libertad y a sus familias. La recurrencia de denuncias en ambos años subraya la urgencia de reforzar los mecanismos de supervisión y garantizar condiciones dignas en los centros penitenciarios del estado.
