Querétaro enfrenta un panorama complejo en materia de identidad de género y derechos de la comunidad trans y no binaria. Denunciantes señalan que procesos judiciales para el reconocimiento de identidad tardan años, como el caso de una persona trans que esperó más de tres años para judicializar la denuncia contra un médico.
De los 47 amparos tramitados en el estado, alrededor de 10 corresponden a estudiantes de nivel medio superior que aún enfrentan trabas administrativas y discriminación en instituciones educativas. Testimonios como los de Elsa Samantha y Alan revelan obstáculos en el uso de baños, negación de firmas en exámenes y asignación de espacios inadecuados, lo que impacta directamente en su permanencia escolar.
La SEP anunció el lanzamiento de la campaña “Mi escuela, mi identidad, mi derecho”, cuyo objetivo es reforzar protocolos contra la discriminación en secundaria, preparatoria y universidades. Se habilitó una ventanilla única y un correo de atención (identidadsepcro@gmail.com) para canalizar denuncias y brindar acompañamiento.
En el ámbito legislativo, el Frente Queretano lleva ocho años impulsando iniciativas por el derecho a la identidad. Aunque existen dos propuestas en la LXI Legislatura respaldadas por 16 diputaciones, el estado sigue rezagado en dictaminar y aprobar un trámite administrativo que evite la vía judicial.
La Defensoría de Derechos Humanos y la SEP coordinan la distribución de materiales como la cartilla de identidades trans y no binarias y el manual “ABC: Cuidado y atención a infancia y adolescentes trans y no binarias”. Sin embargo, persisten denuncias de transfobia institucional en salud, fiscalía y trámites básicos como pasaportes y títulos universitarios.
Los testimonios de estudiantes y profesionistas evidencian que la falta de protocolos claros genera violencias cotidianas y administrativas. Organizaciones y autoridades coinciden en que es urgente establecer mecanismos de verificación y sanción para instituciones que incumplen el reconocimiento de identidad, así como métricas públicas que eviten la invisibilización de casos por miedo a denunciar.
