El estado de Querétaro ha intensificado las medidas de protección para menores de edad mediante la aplicación de restricciones estrictas contra las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA). Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), respaldó la determinación del Poder Ejecutivo de impedir que deudores alimentarios puedan ser contratados como trabajadores, proveedores o contratistas del gobierno estatal, además de la restricción para obtener licencias de conducir.
En este sentido, el Poder Judicial anunció que se sumará a estas acciones mediante acuerdos que integrarán la declaración patrimonial y los padrones de proveeduría para asegurar que ninguna persona con adeudos vigentes forme parte de la institución o mantenga relaciones comerciales con ella.
Guerra Urbiola destacó que estas acciones posicionan a la entidad como un referente nacional en la salvaguarda del desarrollo y los derechos de las niñas y niños.
El magistrado informó que, aunque actualmente existen más de 200 personas registradas en la plataforma nacional por incumplimiento, los datos revelan una falta de compromiso preocupante, ya que únicamente tres de los inscritos han cumplido con sus pagos durante el último año.
Explicó que son los jueces quienes tienen la facultad de subir la información de los deudores a la plataforma nacional y consideró que, ante el desinterés mostrado por los deudores frente al registro administrativo, las nuevas sanciones resultan necesarias, calificando como lamentable que se deba recurrir a medidas coercitivas para que los padres cumplan con una responsabilidad que debería ser natural.
