La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU) ha realizado alrededor de 15 clausuras durante lo que va de 2025 por incumplimientos en materia ambiental y de desarrollo urbano, informó su titular, José Luis Peña Ríos.
El funcionario detalló que las acciones más recientes corresponden a un desarrollo inmobiliario y una empresa concretera que operaban sin contar con autorizaciones ambientales vigentes, por lo que se impusieron medidas de seguridad para suspender actividades hasta regularizar su situación.
En el caso del desarrollo inmobiliario, la empresa contaba con una autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), sin embargo, ésta no fue renovada conforme a la normatividad vigente y perdió validez.
“Las autorizaciones requieren actualizaciones periódicas para verificar que se siguen cumpliendo las condicionantes ambientales. Al detectar que no se había renovado, se procedió a la clausura para evitar que continúen las obras hasta que presenten la información correspondiente”, señaló Peña Ríos.
Sobre la concretera, indicó que aunque tenía una manifestación de impacto ambiental, tampoco contaba con documentación vigente ni con la licencia ambiental exigida para actividades que generan emisiones que pueden afectar a la población cercana.
Durante el año, la Procuraduría también ha clausurado bancos de materiales, bancos de tiro, desarrollos inmobiliarios y una empresa dedicada a la molienda de piedra en Cadereyta, por problemas relacionados con emisiones de polvo y afectaciones a vecinos.
El procurador destacó que la dependencia mantiene vigilancia permanente con inspecciones y atención a denuncias ciudadanas. La meta institucional es realizar alrededor de 30 inspecciones mensuales, por lo que estimó que en los primeros meses del año se han efectuado entre 150 y 160 revisiones.
Peña Ríos subrayó que las denuncias ciudadanas son clave para detectar irregularidades, ya que los reportes suelen incluir fotografías y ubicaciones precisas que permiten actuar con mayor rapidez.
Informó además que la Procuraduría ha obtenido resultados favorables en procedimientos administrativos y litigios. Destacó una multa superior a 1.3 millones de pesos a una plaza comercial en El Marqués por realizar obras sin autorización ambiental. También continúan vigentes las resoluciones contra el relleno sanitario de la comunidad de Los Ángeles, en Corregidora, tras ratificación de tribunales.
El titular de PEPMADU enfatizó que el objetivo de las inspecciones y sanciones no es obstaculizar la actividad económica, sino garantizar que los proyectos se desarrollen bajo criterios de sustentabilidad y respeto al medio ambiente.
