El fiscal general del estado de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, aseguró que todas las actuaciones realizadas por la institución dentro del conflicto que involucra a integrantes de la familia Urquiza Fernández se han desarrollado con apego a la legalidad y bajo control judicial.

Las declaraciones se producen luego de que integrantes de la familia denunciaran públicamente un presunto intento de despojo relacionado con 269 hectáreas de terrenos y derechos de agua en el municipio de Huimilpan, y señalaran una supuesta participación del exgobernador Francisco Domínguez Servién.

La familia también acusó que se habría recurrido a la Fiscalía y a otras instancias para ejercer presión dentro de la disputa patrimonial.

Ante estos señalamientos, Hernández explicó que diligencias como cateos y otras técnicas de investigación no pueden ser ejecutadas unilateralmente por la Fiscalía, ya que requieren autorización de una autoridad judicial.

“Todas las actuaciones que despliega la Fiscalía General del Estado son con fundamento y en estricto apego a legalidad. Todas nuestras intervenciones, desahogo de técnicas de investigación y cateos son sujetos a control judicial”, señaló.

Explicó que la Fiscalía debe integrar una carpeta de investigación, reunir los elementos necesarios para justificar cada petición y posteriormente acudir ante la autoridad judicial competente, que determina si procede o no autorizar las diligencias solicitadas.

“Es decir, no es un proceso que unilateralmente pueda llevar a cabo la Fiscalía, sino que es todo un proceso lleno de formalidades”, afirmó.

El fiscal agregó que las vinculaciones a proceso relacionadas con el asunto también fueron determinadas durante audiencias en las que se presentaron datos de prueba y las personas imputadas tuvieron oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

Indicó que actualmente existen medios de defensa pendientes de resolución, situación que ha frenado parcialmente el avance de las investigaciones.

Hernández sostuvo que resulta importante considerar que el origen del caso se encuentra en un conflicto entre integrantes de una misma familia, relacionado con la administración y decisiones respecto de una masa hereditaria, que posteriormente derivó en procedimientos de carácter penal.

Precisó que la persona que inició la carpeta de investigación es integrante de la propia familia y abuela de una de las personas que participó en la conferencia de prensa donde se realizaron los señalamientos públicos.

Asimismo, explicó que dentro de la investigación existen testimonios de otros miembros de la familia y que entre las personas imputadas se encuentran hijos y nietos de quien presentó originalmente la denuncia.

“Creo que es importante tener este contexto para comprender que el centro de todo esto es un conflicto familiar”, manifestó.

Ante ello, consideró que sería conveniente que los propios integrantes de la familia pudieran dialogar y buscar una conciliación, independientemente de los procesos legales que actualmente se encuentran en curso.

Respecto a los señalamientos realizados públicamente contra el exgobernador Francisco Domínguez Servién, Hernández aseguró que el exmandatario no aparece dentro de la carpeta como parte ofendida ni como persona imputada.

“No aparece como parte ofendida ni tampoco como imputada. Reitero, los imputados son hijos y nietos de la señora que inició la carpeta de investigación”, puntualizó.

Finalmente, consideró que corresponderá a las autoridades judiciales competentes en materia civil y familiar determinar a quién le asiste la razón respecto de la controversia patrimonial.