“El agua en Querétaro: crónica de un lacerante problema social” José Dacosta.

 

Existen muchos casos de naciones y ciudades tanto de Europa (España, en Barcelona, Madrid, entre otras) como de Estados Unidos, con el estado de California, así como de nuestro país. En este último, en los estados de Baja California, Yucatán (Mérida), Guanajuato (León), donde la mayor parte de la población ha permanecido unida en torno al asunto de la “comercialización” del agua en manos de particulares (“privatización”) han rechazado las imposiciones de las medidas privatizadoras ejercidas por las autoridades estatales y municipales, para que algunas empresas se encarguen del suministro de agua a la ciudadanía.

No tardó mucho tiempo en que la gente reaccionara ante la “canibalización”, resultado de los elevados costos, así como de los excesivos pagos incrementales que acabaron desquiciando al “gigante dormido de la ciudadanía” y se generó una verdadera situación de inconformidad y malestar que propició una serie de presiones sociales organizadas, tanto hacia las empresas concesionarias, como en contra de los funcionarios públicos y legisladores que impulsaron los procesos de privatización del agua.

Hay un antiguo refrán mexicano que reza así: “cuando veas las barbas de tu vecino mojar pon las tuyas a remojar”.

Lo anterior viene a colación por la serie de francas inconformidades  que se han generado en algunas comunidades pertenecientes al municipio de Querétaro, como son Juriquilla, Jurica y el Fraccionamiento “El Refugio” (en la delegación Epigmenio González), así como de quienes habitan en “Zibatá”, ubicado en el municipio de El Marqués.

Históricamente, uno de los enormes peligros potenciales que colocan a la población es cuando ésta se enfrenta a la delicada y voraz privatización del líquido vital y del desvío masivo de agua entre las diversas cuencas.

En México fue durante el sexenio del entonces presidente de extracción panista Vicente Fox Quesada que fomentó la privatización del agua a manos de las empresas transnacionales, como la Coca Cola y Pepsi Cola; recordemos que Fox Quesada antes había sido ejecutivo de la compañía estadounidense Coca Cola, para los diversos productos de agua embotellada, de bebidas gaseosas, entre muchas derivaciones más.

Distintos organismos internacionales ya han advertido acerca del manejo que diferentes empresas transnacionales y de algunos organismos pertenecientes a la banca internacional han efectuado al presionar para que los precios del agua estén sujetos a la demanda y a la demanda; es inminente la privatización del fundamental líquido ante la recurrente, perversa y por demás asfixiante presencia de monopolios internacionales.

En México, la Comisión Nacional del Agua (CNA) ha sido la institución que ha propiciado una serie de severas crisis en la historia ambiental, al abordar con insistencia que “el agua es una mercancía”, donde los conflictos sociales por el recurso hídrico ya han tomado forma desde hace tiempo.

Y algunos gobiernos han facilitado la vía para que las empresas privadas vendan indiscriminadamente el agua, con elevados fines de lucro, a la sedienta ciudadanía del mundo.

Desde luego que un puñado de empresas privadas transnacionales avaladas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han insistido en el control de la gestión de los servicios públicos del agua, encareciendo con ello y de manera arbitraria el precio que pagan por el consumo de agua las poblaciones. Una vez más, la crisis por el acceso al consumo del agua generará serios e imparables conflictos sociales.

Es evidente cómo las autoridades -en el particular caso de México-  que se encargan de regular y proveer el suministro del agua, llámese la Conagua, o en el estado de Querétaro, con la Comisión Estatal de Aguas (CEA) es que se han visto presionadas -o compradas- para adoptar dañinos y peligrosos programas, abandonando sus respectivas responsabilidades constitucionales.

De manera paralela, algunos gobiernos han dado al traste al control sobre las reservas nacionales de agua, al suscribir sendos acuerdos comerciales como han sido el Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Esas instituciones comerciales globales facilitan de manera inimaginable el acceso de compañías extranjeras al agua dulce de los países firmantes. Tales iniciativas no se han hecho públicas, mucho menos le han consultado a la opinión ciudadana de sus respectivas naciones.

Se da por hecho que “todo el mundo acepta la comercialización del agua”; las poderosas acciones gubernamentales (y sus cuotas de poder político-financiero) han sido cómplices de los sectores empresariales.

Ahora, las voraces fuerzas del mercado penetran y corrompen a funcionarios federales, estatales y municipales, en aras de allegarse grandes sumas financieras, dejando inerme y a la deriva a la sociedad a la cual prometen y dicen servir.

Una vez más, lo que se conoce como las reservas de agua dulce de la tierra y que forman parte del “Bien común y global del agua” ha sido abandonado. Las consecuencias serán funestas; ya ni lamentarse después será bueno.

Un serio ejemplo de talla mundial y que prevalece hasta nuestros días -aunque con mayor proporción debido al exponencial incremento de la población global- data del año 2004, cuando poco más de 1,400 millones de personas no tenían acceso al agua potable, de calidad suficiente, requerida entonces por 2 mil millones de personas.

Además de la constante degradación y destrucción del agua como recurso fundamental del llamado ecosistema Tierra y de la vida humana.

Sumemos también la carencia de normatividad mundial y de personas que respalden una política del agua sustentada en la solidaridad y de personas que apoyen una política hídrica basada en principios solidarios en momentos de debilidad y defectos estructurales por parte de las autoridades estatales y municipales encargadas de la gestión del agua.

Es en el estado de Querétaro, por parte de la CEA, donde a todas luces muestran su verdadera incapacidad para reconstruir solidarios vasos comunicantes en las comunidades locales, entre diferentes poblaciones y generaciones; sostenibles en cuanto al ecosistema Tierra.

¿En qué debemos insistir? En evitar incidir en los mismos errores que han llevado a la actual situación, ya que se han concentrado viejos vicios de operación y corrupción generalizada, las evidentes debilidades en los programas de desarrollo vinculados con el agua, las malas prácticas de uso del agua y de otros recursos en usos urbanos, rurales, agropecuarios, industriales y recreativos.

Busquemos soluciones sustentadas en los valores humanos.

Adicionalmente, se tiene que planear el desarrollo nacional y regional con certeros criterios competitivos, sustentables e incluyentes, promoviendo el manejo adecuado y ordenado del agua, conservándola en su calidad y cantidad.

En el particular caso del municipio de Querétaro y el denostado plan plagado de artimañas legaloides, de parte del edil Marcos Aguilar Vega – que para fortuna de muchos de ciudadanos capitalinos y en unas cuantas horas más solicitará licencia a su cargo- para ser “arropado” como diputado plurinominal del partido político al cual pertenece, el Partido Acción Nacional (PAN).

Recordemos que fue el secretario del Ayuntamiento de dicho municipio, quien mencionó, mediante la lectura de el “Acuerdo relativo a la determinación del municipio de Querétaro, de fecha 10 de noviembre del 2016, por medio del cual se le otorgó un “Poder especial” a la empresa denominada “Abastecedora queretana de agua y alcantarillado, SA de CV”. (AQUAA), dirigida por Jessica Olezcovski; esta empresa forma parte del grupo desarrollador inmobiliario Pangea (en griego, “Toda la Tierra”).

Ese documento oficial considera que una vez se alcance la urbanización y desarrollo total de la superficie del polígono que comprende 7 millones 163 mil 912 metros cuadrados, localizado en el Fraccionamiento de El Refugio (Delegación Epigmenio González) y donde actualmente se alojan 58 Condominios, que suman poco más de 5 mil casas; además de más de 4,200 casa a pie de calle.

La secretaría del Ayuntamiento capitalino considera que cuando se logre alcanzar la urbanización y desarrollo total de la superficie del polígono aludido se tendría una población aproximada de 136, 425 habitantes y se requerirían 27,285 tomas de agua potable, contemplando la dotación de 200 litros diarios por cada habitante, con una proyección de volumen total de 11, 950.82 metros cúbicos anuales de agua.

Mayúsculo problema. ¿De qué lugar de México se importaría ese valioso líquido?

¡Al tiempo!

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