Con unanimidad de votos, el Pleno de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobó la iniciativa presentada por la diputada María Leonor Mejía Barraza, que adiciona el artículo 13 Bis a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro en materia de obligaciones alimentarias.
La reforma establece que ninguna persona que sea deudora alimentaria podrá ocupar o permanecer en un cargo, empleo o comisión dentro del servicio público, aplicando en todos los niveles de gobierno, municipios y órganos autónomos del estado.
Durante su intervención en tribuna, la diputada Mejía subrayó que la pensión alimenticia no es solo un trámite judicial, sino un derecho que garantiza la dignidad y bienestar de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores. “El servicio público exige vocación y congruencia; no podemos pedir confianza ciudadana si quienes ocupan un cargo no cumplen primero con sus deberes más básicos”, expresó.
La legisladora enfatizó que la medida no busca castigar, sino establecer un principio de coherencia ética en el ejercicio de la función pública, colocando en el centro el interés superior de la niñez y el cumplimiento de las responsabilidades familiares.
Con esta aprobación, el Congreso del Estado de Querétaro envía un mensaje claro: quienes incumplen con la responsabilidad alimentaria no podrán representar a la ciudadanía desde el servicio público. Se trata de un paso importante para fortalecer la responsabilidad parental y garantizar que el servicio público se ejerza con integridad y compromiso hacia las familias queretanas.
