El municipio de Querétaro puso en marcha un nuevo programa de orden para empresas inmobiliarias y desarrolladoras, con el objetivo de regular su operación y brindar mayor certeza a quienes adquieren una vivienda. Tan solo en lo que va de 2025, se han realizado 29 clausuras, seis suspensiones, 211 inspecciones y 24 verificaciones a desarrollos inmobiliarios, informó el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera.
Durante una conferencia, el edil detalló que cinco de esas acciones se ejecutaron en un solo día, como parte del arranque formal del programa. Entre los puntos intervenidos se encuentran una caseta de ventas de la empresa Momentum, el desarrollo Cima Peñaflor, y se clausuró también la publicidad de los proyectos Dos Valles Residencial, Solar y Aldares.
“Estas acciones buscan garantizar que las personas estén seguras al comprar una vivienda, por eso vamos a estar clausurando de manera permanente donde no se cumplan las reglas”, afirmó Macías Olvera.
Como parte de esta estrategia, se habilitó un semáforo inmobiliario digital en la página del municipio, mediante el cual la ciudadanía puede consultar si una empresa o desarrollo cumple con las licencias necesarias. Si el proyecto acredita su legalidad, su estatus se mostrará en verde y podrá continuar con ventas y construcción.
El alcalde subrayó que este programa no se trata de una persecución, sino de una medida preventiva para ordenar el sector y evitar fraudes. Además, se presentó un decálogo para compradores de vivienda, en el que se incluyen recomendaciones clave para verificar permisos de uso de suelo, licencias de construcción, contratos y situación legal de los desarrollos.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero Altamirano, informó que actualmente hay 4 mil 559 desarrollos registrados en el municipio, de los cuales 410 son fraccionamientos y 4 mil 149 son condominios. En los últimos cinco años se han autorizado 53 fraccionamientos y 366 condominios.
Romero Altamirano también reveló que 40 desarrollos están en proceso de ser entregados al municipio por parte de los vecinos, luego de que las inmobiliarias responsables los abandonaran, dejando a las comunidades en incertidumbre. En cuatro de esos casos, las empresas no han podido ser localizadas.
