En recientes días, se ha evidenciado un alarmante aumento en la utilización de infantes y grupos vulnerables por parte de algunas personas y organizaciones en que buscan presionar para que se les otorguen mas espacios en vía pública para comercializar sus productos.
Esta práctica no solo pone en riesgo la integridad y los derechos de los menores, sino que también configura una vulneración grave en el ámbito de los derechos humanos.
En Querétaro como en otros estados de México no es la excepción.
Un grupo de artesanos que recientemente tuvo un enfrentamiento con inspectores municipales por querer por espacios privilegiados en las calles y plazas del centro histórico a sido objeto de controversia por la utilización de menores como escudo humano en sus protestas.
Este uso de infantes, donde se les observa gritando en megáfonos o grafiteando, no puede ser considerado una protesta legítima; es, sin duda, explotación infantil disfrazada de causa social.
Este tipo de acciones no solo comprometen la dignidad de los menores, sino que además burlan el marco legal que protege sus derechos.
El Código Penal y el Código Civil de México, así como las leyes específicas en el estado de Querétaro, contemplan sanciones severas para quienes utilicen a menores en situaciones que atenten contra su desarrollo y bienestar.
De acuerdo con el artículo 222 bis del Código Penal Federal, “se considera un delito el hecho de obligar a un menor a participar en actividades que atenten contra su dignidad o integridad”. Las penas pueden incluir desde multas significativas hasta años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias particulares del caso.
Es evidente que la estrategia utilizada por este grupo no es accidental, sino calculada para generar atención mediática y simpatía pública.
La labor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es importante en los hechos recientes, ya que se encarga de la protección y el bienestar de los menores en situaciones de vulnerabilidad. El DIF Nacional trabaja en conjunto con las entidades federativas, incluyendo Querétaro, para impulsar campañas de sensibilización y educación que fortalezcan la prevención de la explotación infantil.
