La senadora por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, advirtió que el denominado “Plan B” de la reforma electoral vulnera el principio de equidad al permitir la intervención directa del Ejecutivo federal en ejercicios como la revocación de mandato, lo que —señaló— podría influir en los resultados en beneficio del partido en el poder.
Durante su participación en tribuna en el Senado de la República, la legisladora afirmó que esta medida coloca a la titular del Ejecutivo en una posición ventajosa, al facultarla para incidir políticamente en estos procesos e incluso determinar el momento en que se lleven a cabo, ya sea en el tercer o cuarto año de gobierno.
Murguía calificó la propuesta como una “simulación”, al considerar que distorsiona el sentido de la revocación de mandato establecido en la Constitución, convirtiéndolo en un mecanismo de ratificación. “Se trata de una mentira y un engaño”, expresó al subrayar que se desvirtúa una herramienta de participación ciudadana.
Asimismo, sostuvo que la iniciativa rompe con el pacto federal y la autonomía municipal al imponer límites en la integración de Cabildos y establecer topes presupuestales a los congresos estatales, medidas que —acusó— no se aplican de manera equitativa, como en el caso del Congreso de la Ciudad de México.
La senadora también cuestionó que se contemple una reducción gradual del 15% al presupuesto del Senado en los próximos cuatro años, sin que exista una justificación clara para excluir de esta medida a la Cámara de Diputados.
En materia electoral, criticó que la reforma no atiende problemáticas de fondo como la sobrerrepresentación legislativa ni la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, temas que consideró prioritarios para fortalecer la democracia.
De igual forma, destacó la postura de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien ha advertido sobre la falta de capacidad operativa del organismo para organizar múltiples ejercicios democráticos de manera simultánea.
Finalmente, Murguía anticipó su voto en contra del dictamen, al considerar que la austeridad no debe utilizarse como argumento para debilitar los procesos democráticos, ni la participación ciudadana como pretexto para generar ventajas indebidas en favor del Ejecutivo federal y su partido.
