Cada año, al menos 12 menores son abandonados en hospitales del estado. El DIF Estatal y la Procuraduría de Protección trabajan para acelerar su integración a una familia mediante una reforma legal.
Al menos 12 menores son abandonados cada año en Querétaro, según datos proporcionados por Manuel Hernández Rodríguez, Procurador de Niñas, Niños y Adolescentes del estado. De estos, siete son dejados por familiares con antecedentes de adicciones en hospitales, y cinco más son expósitos, es decir, menores sin identificación de familiares, que se encuentran en total situación de abandono.
“Estos casos suelen originarse en contextos de adicciones, y los niños terminan bajo nuestro resguardo en hospitales como el del Niño y la Mujer, el IMSS y el ISSSTE”, explicó Hernández Rodríguez.
Los menores expósitos son registrados con apellidos comunes de la comunidad en la que fueron encontrados, sin datos de filiación, y tras una evaluación médica y psicológica pueden ser canalizados al proceso de adopción si existen familias interesadas.
No obstante, los niños abandonados por padres identificables enfrentan un proceso mucho más largo. “Se debe iniciar un juicio de pérdida de patria potestad, con búsquedas por edictos, lo que puede demorar uno o dos años”, añadió el procurador.
Para resolver este rezago, se trabaja en armonizar el marco legal estatal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente con el artículo 32 BIS, que permitiría al DIF emitir certificados de abandono o exposición que aceleren la disponibilidad jurídica del menor para ser adoptado. Esta medida ya opera en otros estados del país.
“El objetivo es que si en tres meses no aparece un familiar, se pueda declarar legalmente el abandono y abrir paso a la adopción sin pasar por un juicio de pérdida de patria potestad”, detalló Hernández Rodríguez. La propuesta está siendo trabajada junto con la licenciada Marielena Guadarrama, enlace legislativo del Poder Ejecutivo, y el director del DIF Estatal.
En este contexto, el diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la LXI Legislatura, hizo un llamado a las autoridades encargadas de la protección de la infancia a fortalecer los mecanismos legales y sociales para agilizar los procesos de adopción y garantizar el bienestar de los menores.
“Tenemos una responsabilidad ética y legal de no permitir que niñas y niños permanezcan en la incertidumbre jurídica por años. Debemos brindarles una familia cuanto antes”, señaló el legislador panista.
Además, Hernández Rodríguez reveló que anualmente el sistema estatal recibe entre 300 mil y 400 mil pesos provenientes de juicios por pensión alimenticia y reparación del daño, aunque solo cuatro de cada diez padres demandados cumplen con el pago.
