La problemática de los fraudes inmobiliarios en el estado de Querétaro continúa en ascenso, ubicando a la entidad en el quinto lugar a nivel nacional, con un promedio anual de 40 fraudes, que en conjunto han generado un daño económico estimado en 20 mil millones de pesos por malas prácticas, según datos del Clúster de Innovación Inmobiliaria del Bajío (CIIB).
Mario Palomares, presidente del CIIB, advirtió que esta situación se agrava por la falta de políticas públicas y mecanismos regulatorios que vigilen la operación de inmobiliarias y desarrolladores. Aunque reconoció la existencia de instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lamentó que hay denuncias que llevan más de cuatro años sin avances.
El representante del clúster descartó que exista complicidad entre autoridades y desarrolladores fraudulentos, pero sí manifestó su respaldo a la propuesta del presidente municipal de Querétaro, Felipe Macias, de crear una lista negra de desarrolladores incumplidos. No obstante, consideró más útil y redituable implementar un padrón certificado de inmobiliarias verificadas, para dar certeza a los consumidores.
Palomares detalló que la mayoría de los fraudes detectados ocurren en el sector vivienda, seguido por el desarrollo de proyectos y la venta de terrenos, particularmente en zonas ejidales, donde la falta de certeza jurídica y la multiplicidad de propietarios incrementan el riesgo de engaño, especialmente en esquemas de coinversión.
