El presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, afirmó que la reforma judicial que se discute en la entidad debe priorizar el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y el arbitraje, con el objetivo de consolidar al estado como una jurisdicción segura, confiable y atractiva a nivel nacional e internacional.
Durante un diálogo con el Poder Ejecutivo, Guerra Urbiola subrayó la necesidad de impulsar una nueva visión de la justicia, en la que los abogados actúen como constructores de paz y conciliación, privilegiando soluciones previas al juicio. En este sentido, destacó que la reforma contempla robustecer el Centro de Mediación e incorporar el arbitraje como una opción voluntaria para la ciudadanía, sin desplazar la función de los jueces.
El magistrado explicó que esta estrategia permitiría resolver disputas comerciales y empresariales sin necesidad de llegar a tribunales, lo que fortalecería la competitividad y certeza jurídica del estado. “La justicia formal entra en acción cuando ya existe un conflicto; prevenirlo mediante mecanismos alternativos es fundamental”, puntualizó.
Respecto a la reforma judicial en su conjunto, señaló que la iniciativa presentada por el gobernador retoma principios de la reforma federal, como la creación de un tribunal de disciplina y la elección de jueces y magistrados mediante voto popular. Sin embargo, advirtió que las leyes secundarias deben diseñarse “a la queretana”, evitando reproducir fallas detectadas en otros estados, donde la coexistencia de múltiples órganos internos ha generado duplicidades y conflictos administrativos.
En cuanto a la elección de jueces y magistrados, Guerra Urbiola enfatizó que el ejercicio jurisdiccional exige liderazgo, experiencia profesional, capacidades orales y solvencia ética, por lo que consideró indispensable establecer criterios claros para garantizar perfiles honorables y especializados.
Sobre el tema de los deudores alimentarios, informó que el Registro Nacional continúa en aumento, pero con escasos resultados: de casi 200 inscritos, solo tres han cumplido con sus obligaciones. Por ello, consideró necesario “ponerle dientes” a la ley, con sanciones administrativas efectivas. Recordó que, a partir de 2027, quienes aspiren a cargos públicos deberán presentar su certificado de no adeudo alimentario, medida que ya aplica el Poder Judicial en Querétaro como ejercicio de congruencia institucional.
Finalmente, reiteró que el Poder Judicial mantiene una postura abierta y técnica frente al Congreso local, dispuesto a aportar su experiencia para que Querétaro continúe siendo un referente nacional en materia de justicia, en el marco de los 200 años de historia de la institución.
