La asociación civil “Parque Intraurbano Jurica” anunció la resolución definitiva a su favor en el litigio contra el cambio de uso de suelo de las parcelas 41 y 42 del área natural Jurica Poniente. El anuncio fue realizado por integrantes de la mesa directiva: Juan Concha, Emilia Pizarro, Luz Elena del Río, Dr. Javier Carrillo y Dra. Isarely Rosillo.
El conflicto legal inició cuando el municipio autorizó un cambio de uso de suelo en 2018 para desarrollo habitacional en terrenos que habían sido declarados área natural protegida en 2006 y que forman parte del Atlas de Riesgos municipal y de la Unidad de Gestión Ambiental 366. Un primer amparo se presentó en 2019 y, pese a la derogación de permisos en 2021 por cuestiones de forma, los desarrolladores lograron reinstaurarlos, lo que derivó en un segundo amparo.
El segundo amparo obtuvo sentencia favorable en primera instancia, ordenando la reincorporación de las parcelas al área protegida y la cancelación de los permisos de construcción. El actual presidente municipal, Felifer Macías, confirmó que el municipio no recurriría la sentencia. La resolución fue ratificada por el tribunal colegiado federal, que encontró irregularidades legales y vicios en el otorgamiento de los permisos originales.
El fallo se basa en peritajes forestales, hidrológicos y ambientales, considerando el valor ecológico de la zona y su función en la regulación hídrica. La urbanización cancelada contemplaba 280 casas en 11.5 hectáreas y su construcción habría afectado la conectividad y el manejo de riesgos hidrológicos.
El tribunal determinó que la planeación de asentamientos humanos debe sujetarse a la legislación federal y estatal, tomando en cuenta los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio y las Unidades de Gestión Ambiental. Ordenó al municipio y al estado: reintegrar las parcelas al área protegida, anular los permisos otorgados y publicar un plan de manejo con enfoque en la protección del ambiente y la regulación climática.
Quedan pendientes la definición de responsabilidades de los funcionarios que autorizaron los permisos originales y la ejecución completa del proyecto de conservación, que abarca 224 hectáreas, de las cuales actualmente se trabaja en 95 hectáreas correspondientes al parque “La Queretana”.
