Mónica Pérez Vallejo, licenciada en asuntos laborales y excolaboradora del área jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Querétaro, denunció una presunta red de corrupción y conflicto de intereses al interior de dicha delegación, así como actos de persecución política, acoso laboral y despido injustificado.
De acuerdo con su testimonio, la jefa de la unidad jurídica, Jessica Zuleima, mantiene un despacho externo que litiga asuntos pensionarios del propio ISSSTE, lo que constituiría un conflicto de interés y afectaría el patrimonio institucional. Según Pérez Vallejo, en el área de pensiones se manejaban alrededor de 1,500 expedientes, por lo que pidió a oficinas centrales investigar cuántos fueron turnados a ese despacho y los beneficios económicos obtenidos.
Asimismo, señaló que uno de los abogados vinculados a los expedientes sería de apellido Rivas Morales, y mencionó que podrían existir casos de pensiones tramitadas a nombre de personas fallecidas, por lo que exigió auditorías y revisión exhaustiva de los registros.
Persecución y despido sin liquidación
La exfuncionaria relató que tras una denuncia presentada en Ciudad de México contra directivos de la delegación, comenzó una persecución política en su contra y de otros compañeros. Afirmó haber sufrido tres meses de acoso laboral, que culminaron con su separación del cargo el 7 de octubre, sin liquidación ni justificación válida.
Según su versión, la jefa jurídica le habría dicho que “no merecía indemnización”. Pérez Vallejo enfatizó que su función era en materia laboral, no pensionaria, por lo que no tenía relación con las acusaciones que derivaron en su despido.
Amenazas y omisiones institucionales
También señaló al subdelegado de administración, Pablo Tlacaelel Vázquez Ferrusca, quien funge además como presidente del Comité de Ética, de amenazarla y amedrentarla para detener el avance de las denuncias. Por ello, presentó denuncias formales por intimidación, abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta de instancias federales.
Pérez Vallejo indicó haber dirigido escritos al Dr. Martí Batres, así como gestiones con el Lic. Cristian Orihuela, sin que se hayan tomado medidas.
Otro de los señalamientos involucra a una persona identificada como pareja sentimental de Jessica Zuleima, quien presuntamente cobró su salario completo pese a un mes de inasistencia, sin permisos ni vacaciones, a pesar de tener menos de un año de antigüedad. Calificó este hecho como un ejemplo de nepotismo y privilegios indebidos dentro del área jurídica.
Pérez Vallejo expresó temor por su seguridad y la de su familia, responsabilizando directamente a Jessica Zuleima y a Pablo Tlacaelel de cualquier daño. Solicitó la separación temporal de los funcionarios señalados y la intervención inmediata de autoridades federales.
“Tengo miedo por mí y por mi familia… hago un llamado a las autoridades federales para que se investigue y se separe del encargo a estas personas, que han cometido actos de corrupción”, declaró.
Finalmente, pidió una auditoría interna sobre los expedientes pensionarios y una revisión del papel de despachos externos contratados, cuyos honorarios —dijo— pueden alcanzar hasta el 30% del monto recuperado, lo que refuerza la sospecha de incentivos indebidos.
La excolaboradora asegura que ratificaría el contenido de la denuncia presentada en Ciudad de México, aunque no la firmó, y solicitó verificar la autenticidad de las firmas. Reiteró que sus derechos laborales y humanos fueron vulnerados y que las irregularidades deben ser investigadas a fondo.
