Ahora es una mujer la que denuncia a fiscales de Querétaro por presuntos actos de tortura

Luego de que saliera a la luz pública el caso de Edgar, un joven que denunció a traves de este medio informativo haber sido víctima de actos de tortura, por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado, hechos que fueron denunciados ante el órgano de Control Interno y  que por cierto la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro ya tiene conocimiento de tal forma que ya inició una queja de oficio, sale a la luz pública otro caso, la diferencia que ahora se trata de una mujer.

Valeria, es madre de familia,  ella como Edgar señala que vivió en carne propia las deficiencias, irregularidades y brutalidad de quienes se dicen encargados de impartir la justicia, caso concreto elementos de la Fiscalía General del Estado, a quienes les importó poco que se tratara de una mujer, ella señala que la detuvieron sin una orden de aprehensión, y a empujones y golpes se la llevaron detenida, sin saber ella de que se le acusaba.

Detallá que fueron casi 14 horas las que permaneció detenida justo cuando se disponía a ir por su hijo a la escuela, varios elementos de la fiscalía general del estado la detuvieron quería que confesara ser complice de el robo de 69 armas de fuego de las que ni siquiera tenía conocimiento que existían.

Durante el tiempo que permaneció detenida, de acuerdo a lo que narra, recibió golpes en la cabeza, cuerpo, acciones de intento de asfixia con una bolsa de plástico, insultos, vejaciones, y amenazas en el sentido de que si no firmaba una confesión que le indicaban la meterian a la cárcel y perdería a su hijo, que se lo quitaria el DIF.

Tras tanta presión y golpes, terminó por firmar dicha documentación literalmente en blanco, para después ser puesta en libertad.

Ante dicha situación acudió a presentar la denuncia correspondiente por las agresiones que denuncia sufrió, tanto por hombres como por mujeres de la corporación policiaca antes mencionada.

 A continuación su testimonio que ya se encuentra en manos de Defensoría Estatal de Derechos Humanos y Fiscalía General del Estado.

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