La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro emitió un posicionamiento público en torno a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo estatal a la Ley de Identidad de Género. El organismo subrayó que el reconocimiento legal de la identidad de género constituye una obligación jurídica derivada de los tratados internacionales y del marco constitucional mexicano.
En su pronunciamiento, la institución recordó que el control de convencionalidad obliga a todas las autoridades del país a interpretar y aplicar las normas conforme a los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Además, destacó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad ha sido respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Defensoría puntualizó que el reconocimiento de la identidad de género “no constituye una concesión discrecional del Estado”, sino un mandato jurídico obligatorio derivado del bloque de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos. Negar este reconocimiento, advirtió, genera contradicciones en la vida cotidiana de las personas, quienes pueden ser aceptadas socialmente pero no jurídicamente, lo que limita el ejercicio pleno de sus derechos.
El organismo informó que impulsó la iniciativa de ley y brindó acompañamiento técnico y jurídico durante todo el proceso legislativo, aportando argumentación constitucional y convencional a la Legislatura local. Asimismo, aseguró que continuará participando en las etapas que demande el proceso.
Respecto a las observaciones realizadas por el gobernador del estado, la Defensoría reconoció que se trata de una facultad constitucional del Poder Ejecutivo y afirmó que respeta el ejercicio de las atribuciones de cada poder conforme a derecho. No obstante, precisó que emitirá un posicionamiento más específico una vez que conozca de manera íntegra las observaciones realizadas al proyecto aprobado por el Congreso local.
Finalmente, reiteró que permanecerá atenta al desarrollo del proceso legislativo y mantendrá su postura de respeto irrestricto a los derechos humanos, apego al marco constitucional y acompañamiento institucional a las personas que lo requieran.
