400 mil personas son víctimas de robo de identidad anualmente
Isabel Aguilar Morales, Diputada local por Querétaro, señaló que de acuerdo con información recabada por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros la (CONDUSEF), México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en lo que se refiere al delito de “robo de identidad”.
Según los datos dados a conocer por parte de la legisladora emanada del Revolucionario Institucional, se tiene un registro a nivel nacional de que por lo menos 400 mil personas son víctimas cada año del robo de identidad. De acuerdo a la información obtenida durante el periodo del primer semestre del 2015.
Señaló que las reclamaciones, imputables a un posible robo de identidad, se incrementaron en un 40% con respecto al mismo periodo del 2014, al pasar de 20 mil 168 a 28 mil 258. En razón de ello, resultaba necesario legislar en la materia para que fueran sancionados penalmente este tipo de ilícitos.
Durante su intervención en la tribuna del Pleno de la LVIII Legislatura, la diputada María Isabel Aguilar Morales, señaló que: “vivimos una era en la que, las tecnologías de información, juegan un papel de primer orden en las estructuras comunitarias para la transmisión, el procesamiento y almacenamiento de datos y que abarca el ámbito de la informática, la electrónica y las telecomunicaciones. Así, todos nos servimos de la tecnología de la información en la vida cotidiana, comunicándonos por correo electrónico, teléfonos celulares y otros medios; no obstante todos estos beneficios, a la par, lamentablemente, muchas personas utilizan estas tecnologías para cometer ilícitos como es el robo de identidad que representa un verdadera violación a los derechos de la personalidad y por ende a los derechos humanos”.
Finalmente señaló que: “en razón de ello, y en cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales, con la aprobación de esta iniciativa, generamos un marco jurídico que sancione este tipo de ilícitos, y a la vez, que la autoridad competente y la propia sociedad cuente con instrumentos jurídicos que protejan y defiendan sus derechos fundamentales”.
