Ante los rumores que han salido a la luz pública en el sentido de que este jueves profesionistas que laboran en las distintas clínicas que forman parte del Sistema Universitario de Salud de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), pretenden tomar las instalaciones dejando con ello sin servicio a centenas de usuarios que acuden periódicamente a recibir atención médica, Jesús Lomelí Rojas, Jurídico del Alma Mater, exhortó a los inconformes a conducirse mediante los mecanismos legales correspondientes sin afectar a la población.
“Tenemos conocimientos que el día de mañana se pretenden cerrar las instalaciones de las unidades de servicios médicos de Santa Bárbara, Santa Rosa y Corregidora, esto es se pretenden manifestar, tomar las instalaciones e impedir que la universidad preste el servicio social medico a la población más necesitada de Querétaro, que son los que acuden a recibir ese servicio médico, como servicio social de la universidad”.
En este sentido Lomeli Rojas, precisó que los derechos laborales que demandan los profesionistas que se cumplan por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, no están justificados, ya que perciben un ingreso por concepto de honorarios, y no mediante un contrato.
“Dicen tener presuntos derechos de orden laboral, algunas personas han acudido ante la autoridad laboral correspondiente, y se está siguiendo el procedimiento correspondiente pero la repercusión seria, es esa de que pretendan tomar las instalaciones, o manifestarse impidiendo que los usuarios puedan obtener el servicio social, segunda, donde pretendan obtener el beneficio a través de la deducción de acciones de carácter judicial en detrimento de la propia universidad cuando sabemos que no tienen derecho a ello”.
Ante esta situación dijo confiar en que dichas manifestaciones no atiendan a cuestiones de carácter político, toda vez que las afectaciones a las finanzas de la Máxima Casa de Estudios son considerables, al referirse a que son cerca de 300 profesionistas que la autoridad universitaria les pague, derecho de antigüedad, aguinaldo, vacaciones entre otras prestaciones más.
“Es un grupo de personas, tenemos identificados a algunos no sabemos a ciencia cierta, no son trabajadores, se habla de personas de profesionistas, pero no sabemos a ciencia cierta quien está manejando esta manifestación, porque puede ser en primera instancia un impacto económico, un impacto social a la salud de estas personas que más requieren esta prestación, no queremos que se vaya a manejar algún manejo de carácter político que vaya a enturbiar esta relación”, concluyó.
