Muriel Salinas, Directora General de Equipo de Feministas presentó la Agenda Política para la Igualdad Política entre Hombres y Mujeres, a la LVIII Legislatura de Querétaro, la cual contempla tipificar como delito grave, la violencia política hacia las féminas, de acuerdo al análisis de las elecciones del pasado 7de junio.
Enfatizó que Equipos Feministas con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), la Junta local del INE y Género de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), impulsaran el proyecto “Estrategia de Incidencia Legislativa para Consolidar la Paridad local y Tipificar la Violencia Política contra las Mujeres.
“Tiene la finalidad de incidir en la agenda legislativa del estado, para favorecer la consolidación de la paridad de género en el sistema electoral local y ampliar el marco jurídico para la tipificación de la violencia política contra las mujeres, así como para la adopción de medidas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar esta forma de violencia hacia las mujeres”.
Comentó que se llevaron a cabo cuatro foros regionales de evaluación multipartidaria de la paridad de género y la participación política de las mujeres, en el proceso electoral ordinario 2014-2015 en Querétaro, en donde se convocó a quienes fueron precandidatas, candidatas, mujeres que participaron en estructuras de los partidos y sociedad civil, lo que derivó la agenda legislativa que se presentó.
“Son cuatro puntos de la agenda: Que se adopten medidas legislativas necesarias para que se tipifique la violencia política contra las mujeres, de manera que se pueda judicializar, se tendrá que hacer una iniciativa en donde no solo se tipifique, sino que habrá que analizar el impacto en otros ordenamientos, discutir si este es un delito electoral, si son delitos penales o civiles”.
El segundo punto es legislar para obligar al Ejecutivo, a generar medidas para erradicar la violencia política contra las mujeres, el tercer punto es instituir de manera clara, la obligación de partidos, de garantizar la paridad horizontal en registro de candidaturas para la elección de ayuntamientos, que se adopten medidas que garanticen una integración paritaria de los órganos directivos de los partidos y garantizar el acceso equitativo al financiamiento público.
Dijo que en los procesos de selección y registro de candidaturas, hubo una marcada exclusión de las mujeres militantes de partidos, de las decisiones relativas a la selección interna de las candidaturas a cargos de elección popular; selección frecuente de mujeres candidatas, que se caracterizaron por tener algún tipo de vínculo familiar o afectivo con hombres de diferentes partidos.
“En casi todos los partidos se identificaron casos en los que las dirigencias de los partidos, concedieron a los hombres que tuvieron que ser sustituidos por las mujeres en candidaturas, la decisión de elegir a la mujer que le sustituiría; registro de mayoría de mujeres candidatas a cargos de elección popular, en municipios o distritos considerados perdedores”.
En el financiamiento público para operar campañas electorales, agregó que hubo una distribución desigual y desproporcionada entre las mujeres y los hombres candidatos a cargos de elección popular, de los recursos públicos destinados al financiamiento de campañas electorales, lo que colocó a las féminas en desventaja.
“La mayoría de mujeres candidatas, no tuvo acceso ni control de los recursos públicos destinados al financiamiento de sus campañas, así como a la información presupuestal. La mayoría de las mujeres candidatas a cargos de elección popular recibieron apoyos en especie para el desarrollo de sus campañas, decían mi partido me dio 10 lonas para todo el municipio”.
Comentó que según testimonios de mujeres precandidatas y candidatas, los partidos políticos cobraban dinero para el acceso al registro de sus candidaturas, además, el desconocimiento del ejercicio del tres por ciento del financiamiento público que los partidos deben destinar a la capacitación y desarrollo político de las féminas.
La violencia política que se detectó en la pasada elección, dijo, es: Ocultamiento de información durante el proceso electoral, por parte de dirigentes partidistas; exclusión de las mujeres militantes de los partidos, en la toma de decisiones a la selección y registro de candidaturas y falta de respaldo a mujeres candidatas.
“Acoso, hostigamiento y amenazas hacia la población en general, así como hacia las mujeres y hombres que participaron en estructuras electorales promoviendo el voto. Muchas de las candidatas salieron a hacer campaña con familiares, amigos, sin dinero y sin respaldo”.
Refirió que debido al desconocimiento de la justicia electoral, no impugnaron alguna inconformidad.
Añadió que se propone la participación de mujeres en el gabinete estatal y de los 18 municipios.
