En Querétaro, el servicio de grúas y corralones se ha convertido en un problema cotidiano para los ciudadanos. Las denuncias más frecuentes giran en torno a cobros excesivos por arrastres y estancias en corralón, a pesar de que existe una tabla de tarifas oficiales publicada por el estado. Sin embargo, estas no siempre se respetan y los afectados terminan pagando montos muy por encima de lo establecido, lo que genera malestar social y desconfianza hacia el servicio.
Gerardo Cuanalo, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), reconoció que existe un déficit de concesiones que impide dar un servicio eficiente. Actualmente, se cuenta con alrededor de 80 concesiones de grúas de salvamento en todo el estado, con unas 60 unidades operativas, pero esta cantidad resulta insuficiente, especialmente en la zona metropolitana.
El déficit de unidades concesionadas ha abierto la puerta a las llamadas “grúas patito”, que operan sin permisos estatales. De acuerdo con la AMEQ, en lo que va del año 10 grúas han sido sancionadas por trabajar fuera de la ley, siendo enviadas al corralón y multadas.
“Lo que pasa es que la demanda de grúas es mayor a la oferta, y los municipios tienen que resolver. Sin embargo, por ley solo deben contratar grúas con concesión estatal. Cuando no lo hacen, la responsabilidad recae en ellos”, explicó Cuanalo.
Actualmente hay 20 corralones en el estado, de los cuales 12 cuentan con concesión estatal y el resto operan con autorización municipal. En estos espacios se enfrentan dos grandes retos: la capacidad para almacenar vehículos y la gran cantidad de unidades que quedan en el abandono.
Para hacer frente a este último problema, la AMEQ mantiene un programa de chatarrización, con el que ya se han destruido alrededor de 4 mil vehículos, con la meta de llegar a 7 mil antes de que termine el año. La ley permite la chatarrización de vehículos no reclamados en un plazo de seis meses tras su ingreso al corralón.
Aunque existe un tabulador oficial de precios, la realidad es que muchos usuarios denuncian que no se respeta. Además, este tabulador no contempla servicios especiales, como maniobras complejas de salvamento, que las empresas cobran de manera adicional, lo que genera más quejas entre los afectados.
