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AMBIENTE ELECTORAL ÁLGIDO: ALFIL

TRAS LA VERDAD

No solo al interior de los partidos políticos el ambiente es crítico, también se ha buscado involucrar al novísimo Tribunal Electoral del Estado, por medio de la Magistrada Cecilia Pérez Cepeda, a quien relacionan con un problema personal, laboral, de violación a los derechos humanos y político, con una fémina que fuera extrabajadora del Tribunal.

Todo parece indicar que tratan de maltratar la imagen de la Magistrada para que trascienda en la actividad institucional de su actividad impartidora de justicia electoral en el Estado. Que en su caso nada tendría que ver una cosa con la otra, de resultar cierta la acusación que pesa sobre la Magistrada y ventilan con fruición mediática como método del desprestigio.

Quienes manipulan la información deben tener cuidado por el daño que pueden ocasionar al nuevo órgano electoral, cuya función única es la de impartir justicia electoral; el daño sería restarle credibilidad a la institución que inicia la delicada y trascendente función de decidir diferendos entre quienes reclaman justicia, consecuentemente debilitaría el sentido de las sentencias por falta de credibilidad; y todo por presuntos problemas personales y en su caso laboral.

Una vez disuelta la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, que funcionara desde el año de 1997, por disposición constitucional y legal, en todos los Estados de la República Mexicana, surgieron los nuevos Tribunales Electorales, de tal suerte que están iniciando funciones por primera ocasión en este proceso electoral. El 29 de junio del 2014, se publicó en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga, su Ley Orgánica; y los magistrados fueron electos el 2 de octubre por el Senado de la República. No llega a los 5 meses de creación el TEE, cuando intentan desarmonizar su actividad, lo que no sucediera en casi 20 años de actividad de la extinta Sala.

Quienes están detrás del pretendido desprestigio deberán valorar sus acciones, dado que no falta quien relacionen las acusaciones con fines de naturaleza política y no meramente laboral, por el despido de que fue objeto –dicen- la exempleada. Y es que, si la pretensión es destituir a la Magistrada, será más que imposible, solo el Senado tiene esa atribución, siempre y cuando se pruebe la causa legal que lo amerite.

En cambio el desprestigio y falta de credibilidad que pueden generar en las resoluciones que emita el TEE, afectaría cualquier sentencia que emitan, como podría ser la resolución de diferendos en cualquier elección que sea impugnada; cualquiera que fuese el resultado se dudaría de la imparcialidad y objetividad, pasando por la legalidad del caso. El impacto es de trascendencia, no es cualquier cosa.

Este álgido asunto amerita una rápida solución. La intervención de los buenos oficios que medie, atienda y resuelva los asuntos personales y/o laborales del caso. Así de sencillo es el asunto y de trascendente si no lo atienden y resuelven a tiempo.

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