A fin de clarificar el procedimiento de los casos de corrupción que se registran en la entidad, este miércoles, con tres votos a favor y cero en contra, la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la LVIII Legislatura de Querétaro, aprobó la iniciativa de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, informó la diputada María Antonieta Puebla, quien dijo que la propuesta prevé sanciones administrativas y penales.
La presidenta de la comisión, dio a conocer que es necesario unir esfuerzos para responder una petición de los ciudadanos, que es acabar con la corrupción.
“Ya se elaboraron mesas de trabajo. Con la finalidad de implementar un catálogo que junto con el Sistema Nacional de Anticorrupción genere las bases para que los ciudadanos tengan certeza, tenemos en puerta una gran tarea, por lo que desde el ámbito legislativo contribuimos con el análisis, es de reconocer dicha iniciativa, presentada por el Ejecutivo del estado”.
La diputada Carmen Zúñiga dijo estar a favor de la reforma porque pretende favorecer que los recursos económicos que dispongan los estados y municipios, que se administren con eficacia, transparencia y honradez, como lo establece el artículo 134 de la Constitución.
“Los cambios sociales, económicos y políticos que se dan en nuestro país, hacen necesario modificar esta ley, que fue promulgado en 2009 y tuvo una actualización en el 2012”.
Explicó que las propuestas son: ampliar el catálogo de servidores públicos que tienen la obligación de presentar su manifestación de bienes, desde los jefes de departamento hasta los titulares de las diferentes dependencias de gobierno, organismos descentralizados y fideicomisos públicos, así como aquellos que determine la Secretaría de la Contraloría.
Comentó que también se establece responsabilidad no solo en servidores públicos que cometan irregularidades, sino también en proveedores, contratistas y particulares; se regula lo relacionado con la presentación de denuncias, con la atracción de casos por parte de la Secretaría de la Contraloría.
“Se fortalece la autonomía de los órganos internos de control, para tramitar y resolver procedimientos administrativos e imponer sanciones. Esta ley señala la obligación de los servidores públicos, que conozcan el Código de Ética relacionado con sus funciones, a fin de prevenir conductas irregulares”.
En este sentido, Alejandro López Franco, Contralor de Gobierno del Estado aseveró que el análisis de la iniciativa es una muestra del trabajo en conjunto, en beneficio de la ciudadanía.
“Impulsar acciones que mejoren el servicio, esta iniciativa es un marco jurídico que implican las responsabilidades en que podemos incurrir todos los servidores públicos, con actividades de control y vigilancia. Es una herramienta de los actos de corrupción, es un punto importante, buscamos que sea una herramienta que inhiba los actos de corrupción, denunciando de manera clara, las consecuencias que enfrentarán los servidores públicos”.
Señaló que se debe tratar a la corrupción como lo que es, un “delito”, llevando los casos incluso al ámbito penal.
“Buscamos garantizar los derechos constitucionales del servidor público, sujetos a procedimiento de responsabilidad”.
El Secretario Jurídico de la Contraloría Estatal, Abraham Elizalde, detalló que la reforma tiene la intención de clarificar procedimientos, establece plazos precisos y destaca el capítulo de sanciones, con mayor gravedad.
“Se trata de que sea una herramienta inhibitoria de conductas de corrupción. También se establece un puente muy claro hacia la vía penal, ahora la responsabilidad no solo será administrativa, habrá toda la facilidad para denunciar los hechos cuando se figuren los tipos penales previstos”.
Indicó que se modernizará esta ley porque contiene conceptos antiguos como el salario mínimo, lo cual se modificará.
El secretario de la comisión, Eric Salas añadió que el 9 de diciembre pasado se presentó la iniciativa, por lo cual el gobernador Francisco Domínguez, se anticipa a las leyes generales.
“Con firmeza se suma el poder legislativo porque vemos con buenos ojos, de ponerle un hasta aquí a la corrupción, sin consecuencias. Va más allá también con los ciudadanos que abusen del erario público. Queremos ser un ejemplo en el estado de Querétaro y que se empiece cuanto antes, este año debe ser de estrategia de acabar con la corrupción en todos los niveles”.
Para concluir, Miriam Ozumbilla Castillo, consejera del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, finalizó que los servidores públicos, deben cumplir con lo que les toca.
“Querétaro siempre ha sido un estado que se ha mantenido a la vanguardia, lo hemos visto crecer dentro del marco normativo. La transparencia no es una moda, sino es un estilo de vida y la protección de datos personales, si nosotros desde el ámbito familiar no tenemos transparencia, como queremos que los nuevos ciudadanos, sean justos si como servidores públicos no tenemos transparencia”.
