BUSCAN TIRAR A MIGUEL NAVA ALVARADO: HÉCTOR PARRA

TRAS LA VERDAD

En este mes la LVIII Legislatura del Estado, pretende decidir si ratifican o no, por un periodo más a Miguel Nava, al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos. Los indicios hacen presumir que no lo quieren más al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Desde el sexenio pasado Miguel ha resultado incómodo para las autoridades por el desempeño libre de su “autonomía” constitucional. Aunque su origen nació desde el mismo interior del gobierno del estado, cuando fuera propuesto desde la misma Secretaría de Gobierno.

Esto no ha sido novedad, todos los que han ocupado la titularidad de ese organismo defensor de los derechos humanos, han llegado con el visto bueno del gobierno local, desde que naciera como política nacional en tiempos de Carlos Salinas, en tanto Enrique Burgos gobernaba Querétaro; el primer Ombudsman, recayó en la persona del prestigiado abogado Adolfo Ortega. Entonces la designación estaba a cargo del titular del Poder Ejecutivo.

Con el paso del tiempo, ese poder de nombrar al responsable de los derechos humanos, cayó en manos de los grupos políticos del momento, en la Legislatura del Estado, previa sanción del ejecutivo estatal. En el 2012 Nava fue electo por unanimidad, aunque algunas organizaciones sociales se opusieron por haber laborado en la Procuraduría General de la República.

Miguel Nava, estaba trabajando para el Poder Ejecutivo, al igual que los anteriores -excepción del Dr. Bernardo Romero Vázquez- . Total que, dependiendo de la voluntad “superior” del ejecutivo en turno se han “designado” a los responsables de cuidar y proteger los derechos humanos de los queretanos. Sin embargo, no siempre opera la ratificación de facto, esta está sujeta a diversos criterios; uno de ellos que sea “a modo” de la autoridad para que haga las menos recomendaciones posibles; y si se pasa, el responsable de la CEDH cae en “desgracia” y no es ratificado.

Por eso se piensa que Miguel Nava no será ratificado al igual que aquellos que le antecedieron. Nava ha emitido varias recomendaciones al gobierno del estado que no han gustado. Desde el sexenio pasado pretendieron “descarrilarlo” sin lograr el objetivo. Los calzadistas pensaron que sería “cómodo” para su gobierno, lo que no resultó cierto, no pudieron controlarlo; incluso llegó a confrontase con el Secretario de Gobierno, dado que estos manejaban el presupuesto de la CEDH, cuando que este es un organismo constitucionalmente autónomo. Entonces Jorge López Portillo, Secretario de Gobierno, cínicamente abusó del poder que le entregó el gobernador.

Nava pasó por el “enjuiciamiento” que le hicieran los actuales legisladores, quienes según el mismo interesado en la ratificación, comentó que la interpelación pareció una acusación y no un juicio de valoración para la ratificación. Lo cierto que los diputados locales se encuentran en la “búsqueda” de elementos para no aprobar la ratificación y le han echado la caballería encima, incluso con acusaciones de “acoso laboral”; requieren elementos de valor para la negativa, saben bien los diputados que Miguel Nava se inconformará si no lo ratifican por un periodo más al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos.

El ejemplo más claro que tienen a la mano los legisladores de lo incómodo que les resulta el Defensor de los Derechos Humanos queretano, es el juicio que les ganó a los diputados y que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional la “Ley anticorrupción” que aprobaron a principios de año y todo por el juicio promovido por Miguel Nava. Es pues un incómodo elemento para fines políticos.

En Querétaro tenemos experiencias amargas sobre las ratificaciones, como lo fuera el asunto del Magistrado Eugenio Castellanos Malo, quien después de un largo juicio de amparo, logró ganarles a los diputados y tuvieron que pagarle hasta salarios caídos, además de restituirlo en el cargo. Hoy los legisladores podrían vivir un caso semejante.

Seguramente Migue Nava tiene lista la demanda de amparo en caso de no ser reelecto, pues para impedírselo los legisladores deben tener suficientes elementos de prueba, de convicción que acrediten el inconveniente de la ratificación. De lo contrario, con todos los bemoles tendrán que ratificarlo por un periodo más.

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