El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Miguel Nava informó que la Secundaria Técnica No. 23, Manuel J. Campos Loyola, de la comunidad de La Estancia, en San Juan del Río, deberá entregar la justificación, respecto al requisito que pide para inscribir a los alumnos, de un examen toxicológico para combatir la drogadicción, antes de que inicie el ciclo escolar.
“Nosotros ya solicitamos un informe a la autoridad, iniciamos de una manera oficiosa, lo que se llama un expediente de queja, pero habría que ver las condiciones, no puede condicionar una escuela sea pública o privada el acceso al derecho humano a la educación de niños y niñas, bajo un argumento como el de un examen de detención de drogas”.
Dejó en claro que si los padres no autorizan este tipo de medidas, sí se violan los Derechos Humanos de las personas que buscan continuar sus estudios, por lo que la queja está en proceso.
“Pero si los padres de familia, quienes ejercen la tutoría de la patria potestad de manera individual, manifiestan su interés en función del derecho a la salud y educación de los hijos no habría ningún problema, el caso lo tenemos que ver, hay violación si fue una decisión unilateral de la escuela o de muchos padres. Tiene que ser a voluntad del padre o madre de los menores, porque lo se garantiza en todo momento, se privilegiará el interés superior de la infancia”.
Enfatizó que le compete a la autoridad educativa y de salud, aplicar políticas públicas para la prevención de adicciones, siempre y cuando las medidas se acuerden con los padres de familia, que están involucrados en la formación de sus hijos. “Es la autoridad y la de salud, las que tendrán que hacer el esfuerzo si hay un fenómeno de incidencia en el consumo de drogas como el alcohol y hay un problema que se pueda extender, sería importante que la propia autoridad, sea quien genere las condiciones para que estos exámenes se pudieran realizar, siempre y cuando, sea por voluntad, los padres autoricen de manera escrita que se practique eso”.
