Intervenciones de llamadas telefónicas, violatorias de derechos humanos: TSJ

Consuelo Rosillo Garfias, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) consideró como violatoria de los Derechos Humanos, las acciones de intervención de llamadas, tras cuestionarle sobre la adquisición de una unidad equipada con tecnología de punta aparentemente para intervención de llamadas por parte de la anterior administración.

“Cualquier intervención telefónica, si no está autorizada por la autoridad correspondiente, claro que es violatoria a los derechos fundamentales”.

En este sentido la titular del poder judicial en la entidad, detalló que única y exclusivamente se ha autorizado dichas prácticas en la presentación de elementos de prueba, pero única y exclusivamente a solicitud del ministerio público federal,  solamente con autorización de un juez federal, de tal forma que en caso de utilizar con prueba dicha intervención de llamadas sin previo consentimiento de la autoridad competente estas quedan sin efecto.

Por lo anterior dijo que al momento no se tiene conocimiento al menos en Querétaro de la utilización de dicha camioneta equipada para la elementación de pruebas.

“No tengo conocimiento porque para las autorizaciones de intervenciones telefónicas y ese tipo de cosas exclusivamente es la autoridad federal y a petición de ministerios públicos federales”.

Rosillo Garfias dijo que la única forma de tener conocimiento sobre la utilización de equipos de intervención de llamadas es mediante la denuncia, aunque en Querétaro como tal no está tipificado como un delito.

“Tendríamos que saber por medio de la denuncia, puede ser de oficio, pero tendríamos que tener conocimiento del hecho si no se tiene el conocimiento del hecho,  pues obviamente no tendríamos ninguna intervención, no se anda en la cacería”.

Ante esto precisó que el balón está en la cancha de los diputados, si quieren valorar la posibilidad de legislar en la materia.

“La autoridad idónea obviamente seria el poder legislativo crea la norma ante la necesidad de la población, si ve una conducta ilícita que es necesario regularla,  es el poder legislativo empezara la creación de la norma”.

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