“Frecuencias”
Al parecer el Sistema Nacional contra la Corrupción no encaja, ni por mucho, con la frase rimbombante de que en México, “la justicia tiene que actuar de manera justa y expedita”.
Ya que para que esa pueda tener efecto directo a escala nacional tendrán que que ser validadas las Leyes secundarias, a más tardar en el mes de noviembre del año próximo, cuando las legislaturas locales de las entidades federativas las aprueben.
Mientras tanto, los burócratas, legisladores -especializados en el ejercicio de “los moches”- y funcionarios públicos gubernamentales tendrán un colchón de tiempo razonable para seguir haciendo de las suyas.
¿A poco no?
De ese tipo de pérfidos y maliciosos actos de corrupción hay en México innumerables casos, uno de los más sonados lo encontramos con Arturo Escobar y Vega, que para cuando fungió como secretario general y vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) incurrió en la probable comisión de delitos, que incluyeron la compra y distribución de 10 mil tarjetas plásticas de descuento denominadas “Premia Platino” y que fue distribuida con fines de proselitismo e incorporar votos hacia los candidatos del PVEM durante el pasado proceso electoral realizado este año.
Así como por la acumulación de poco más de 500 millones de pesos en multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso por la acumulación de hechos que estaban fuera de la norma legal de esa institución política.
Derivado de ese tipo de hechos, el doctor en Derecho, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) giró orden de aprehensión en su contra; eso propició que Escobar y Vega solicitara su renuncia al cargo de subsecretario de Gobernación (Segob), a fin de estar en condiciones de salir al paso a ese entuerto legal; en ese puesto duró unos cuantos meses.
Sin embargo, paradógicamente, al doctor Nieto Castillo, el mismo día (miércoles 9 del presente mes) que se festejara el “Día Internacional contra la Corrupción, la juez Rosa María Cervantes Mejía le negó al titular de la Fepade la orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar y Vega; una vez más, se ratifica que en México no existe un verdadero “Estado de Derecho” y en la que participó la juez Cervantes Mejía, por temor o por presiones del PRI, del PVEM y o por los siniestros personajes políticos muy asideros a la vida de la corrupción nacional. !Vaya Usted a saber!
Así se las han de gastar muchos de los jueces de este vapuleado país.
Lo que se colige de la problemática de la corrupción, ya en el ámbito de los sectores productivos no sólo distorsiona a la dinámica del mercado, sino que también propicia que el terreno de juego sea desventajoso para los honestos competidores. El costo de oportunidad es enorme y en el ámbito de los negocios el problema de la corrupción cada día aumenta más y es el principal factor que incide en la lentitud para realizar negocios en nuestra nación, incluso por encima de la burocracia gubernamental,
Desde luego, que reducir la corrupción sin atacar una de sus causas de raíz -la desigualdad- es una verdadera contradicción.
Si no se combate el círculo vicioso que trae implícito la desigualdad, luego entonces, todo continuará siendo como la política de la avestruz; esconder la cabeza y hacer como que no sucede nada raro y anómalo.
Caso concreto, es el que presentara recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su interesante libro intitulado: “La Corrupción en México” señala que México en un comparativo internacional con 43 países, se encuentra en el lugar 34 de corrupción; con ello se decrece el desarrollo económico.
Además, en ese mismo estudio se registra que el 76% de los mexicanos considera que las prácticas corruptas son frecuentes o muy recurrentes, sobre todo en el nivel de los gobiernos municipales.
Siendo los aspectos más frecuentes los que tienen que ver con el otorgamiento de licencias y permisos para operar un negocio, para la construcción de viviendas y permisos para operar y acelerar un negocio o comercio.
La síntesis de toda esa gama de servicios se refleja en un “apetecible”espacio de oportunidades para el ejercicio de la corrupción, como serían las licitaciones amañadas o que llevan un específico “retrato hablado” de los ganadores.
Sabemos que la misma corrupción, trae consigo -muchas veces- una carga de nefasto e inaudito incremento en el servicio de la deuda pública, con esto de manera inmisericorde, se postra a las nuevas administraciones municipales, en la incapacidad de solventar las cargas financieras heredadas. Al quedar inermes los municipios sin recursos para poder enfrentar el pago de los mínimos servicios públicos, tal es el caso de la recolección de la basura, entre algunos más.
En síntesis, para poder estar en condiciones de encarar y disminuir los casos de corrupción se tiene que echar mano de efectivos ejercicios de transparencia y que la opacidad de la conducta de los servidores y funcionarios públicos, así como instrumentar acciones ya comprobadas con éxito en otras naciones y aterrizarlas en la instauración de políticas públicas acordes a la dinámica y a la coyuntura de nuestro tiempo mexicano.
@Jroldana
