Juventino Malpica Cárdenas, fundador de la Universidad UCO-Mondragón, aseveró que los partidos políticos tienen secuestrado al país, pues la participación ciudadana no es tomada en cuenta para la toma de decisiones y, en ocasiones, tampoco se puede decir lo que uno piensa, ya que la mayoría de las acciones que se implementan al interior de las instituciones son por conveniencia.
Conminó a los jóvenes universitarios y a la ciudadanía en general para que protesten por las malas determinaciones que toman algunos políticos, siendo que los grandes problemas que se tienen a nivel federal suelen crecer, debido a que no se pone un alto a tiempo.
Malpica Cárdenas apuntó que la idea no es ir en contra del gobierno sino ayudarle a que se fortalezca, así como participar hasta que los dirigentes sean mejores líderes y hagan mejor su labor, para lo cual propuso crear un Consejo Supremo Ciudadano, mediante el cual se hagan auditorías para verificar que el gobernante termine su gestión con el deber cumplido.
“Se dice que este es un país secuestrado por los partidos políticos y de hecho pues así es, nosotros los ciudadanos no tenemos a veces la oportunidad de decir lo que estamos pensando y menos que se nos haga caso, un ejemplo, es la ratificación del señor Medina Mora recientemente en el Congreso, ¿qué sucedió? pues parece ser que esta ratificación en la que ayudó también muchísimo este partido de Acción Nacional, fue solamente con la idea de que este personaje pueda finalmente después dar respaldo al Poder Ejecutivo, pero de ninguna manera se escuchó al pueblo”.
El académico agregó que la política no necesariamente es mala y la participación ciudadana no solo debe servir para atacar al gobierno, sin embargo, señaló que la sociedad debe entender que las oportunidades son para aprovecharse y los foros de expresión deben servir para tratar de cambiar aquellas circunstancias que no han salido como uno desea.
Y es que refirió que hay un par de cuestiones que la ciudadanía ha dejado pasar por alto, tal como la desviación de recursos que práctica habitualmente el Partido Verde Ecologista de México para negocios propios, cuando en realidad se trata de dinero proveniente de los impuestos, así como la reciente violación a la ley electoral que apenas fue sancionada con una mínima multa.
