La corrupción inicia con el financiamiento privado a las campañas políticas; de ahí se derivan concesiones, contratos, licencias, y todo tipo de acuerdos que no permitirían trabajar con libertad al gobernante en turno.
Así lo expresó el diputado federal Braulio Guerra Urbiola, lo anterior en el marco del Foro Regional Anticorrupción organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación Querétaro.
En este escenario, presentó y destacó la conformación de un Decálogo Anticorrupción emanado de 10 iniciativas de ley presentadas en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, propuestas que llevó ante el empresariado queretano reunido en el lugar.
Destaca la denominada “muerte civil” que explicó, debe ser impuesta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aplicación efectiva de la extinción de dominio por actos de corrupción.
Braulio Guerra destacó también la Constitucionalización de la presentación de la Declaración 3 de 3 para blindarla, así como por mandato constitucional, promulgar una Ley de Remuneraciones Máximas de los Servidores Públicos.
También el decálogo señala la eliminación de la pensión a expresidentes y a cualquier beneficio económico que no emane de la Legislación Federal en la materia, como a cualquier trabajador.
Así mismo, Guerra Urbiola propone que los legisladores locales y federales, deban ser auditados en las gestiones que realicen, dejarán de gozar de fuero, bonos, y cualquier privilegio económico que no esté en la Ley.
También señala el decálogo los límites al poder de los gobernadores y división de poderes efectiva. El Fiscal Anticorrupción y el Auditor de la Entidad Superior de Fiscalización de las entidades federativas, deberán ser electos por las dos terceras partes del Senado de la República.
Otra propuesta es la regulación y sanciones estrictas al financiamiento privado en las campañas políticas y jornadas electorales, así como sanciones severas a quienes cometan el delito de compraventa de votos.
Dijo Braulio Guerra que las concesiones, contratos de obra pública y licitaciones estatales a partir de 50 millones de pesos, deberán tener la aprobación del Congreso, y que también debe existir la tipificación de la simulación laboral en el servicio público (aviadores), y la protección a empleados postelectoralmente de forma intergubernamental e interpartidista, lo que daría pie a la profesionalización y creación del servicio público de carrera.
