Con el objetivo de crear una Procuraduría que ayuda a los adultos mayores, a atender sus demandas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública del Congreso local, Isabel Aguilar informó que presentó en la Oficialía de Partes de la LVIII Legislatura, la Iniciativa de ley que reforma y adiciona la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Indicó que el pasado 15 de junio, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), llevada a cabo en Washington, D. C., aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La legisladora añadió que en esta convención, se estableció que los adultos mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, además de que incluye el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad, ni a ningún tipo de violencia.
“Por lo que se deben abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos, que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la personas al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza”.
Comentó que en dicha convención se establecen los deberes que deben adoptar los estados a favor de los adultos mayores, destacando: medidas para prevenir, sancionar y erradicar prácticas tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras.
“Y todas aquellas que constituyen malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor; adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presuntuarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos y promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral”.
Explicó que es necesario contar con un Instituto especializado en la gestión y atención de los temas y asuntos de las personas adultas mayores, que tenga como objetivo impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos.
“Orientar, asesorar y asistir gratuitamente en materia legal cualquier asunto en que la personas adulta mayor tenga un interés jurídico directo, en especial aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia de alimentos y sucesorio; procurar la defensa y representación de los derechos consignados a favor de las personas adultas mayores en su persona, bienes y derechos ante cualquier autoridad competente, promoviendo todos los medios legales que conforme a derecho procedan”.
