El documento sugiere que los servidores públicos encargados de la ejecución de las funciones de seguridad pública y política criminal, del sistema penitenciario federal y de la seguridad nacional sean designados por el presidente y ratificados por la Cámara de Senadores.
Éstos podrán ser removidos de su cargo por el presidente, salvo objeción que apruebe el Senado dentro de los 30 días siguientes; asimismo, el Senado podrá aprobar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes moción de censura sobre dichos servidores, por falta grave en el ejercicio de sus funciones.
Indicó que ante la fuga de un importante narcotraficante de un penal de máxima seguridad, existe una responsabilidad política del Presidente y del secretario de Gobernación; “este último tendría que presentar su renuncia”.
“Su fuga deja en evidencia que se tiene que cambiar el modelo de designación y remoción, y no sólo ratificar las decisiones del Ejecutivo”, dijo.
La iniciativa, sostuvo, no sugiere retornar a la estrategia de seguridad desplegada en gobiernos anteriores, sino recomponer la estructura administrativa que vinculó dos funciones “escasamente” compatibles.
