El proyecto de relleno sanitario en Corregidora continúa en el centro del debate público. Aunque el sitio cuenta con permisos y certificaciones para su operación, vecinos de la zona mantienen preocupación por posibles afectaciones a la salud y al entorno.
El gobernador Mauricio Kuri González reiteró que el tema corresponde al municipio y será la administración local la encargada de resolverlo, al ser la instancia con competencia inmediata. Evitó profundizar en las protestas, aunque señaló que algunas podrían tener un componente político, confiando en que el ayuntamiento dará seguimiento adecuado.
El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, explicó que el conflicto se desarrolla entre particulares, pues involucra predios privados y permisos otorgados por autoridades competentes. Desde la perspectiva estatal, corresponde al municipio revisar la legalidad de la operación y la relación entre las partes involucradas.
Por parte de la Federación, el delegado de la Secretaría de Gobernación en Querétaro, Samuel Mena, informó que el proyecto cuenta con certificación avalada por PROFEPA, a través de una empresa autorizada, que validó la viabilidad del predio. Subrayó que, una vez emitidas las certificaciones, corresponde a autoridades estatales y municipales supervisar que la operación cumpla con normas ambientales, de salud y funcionamiento.
Mena reconoció que, más allá de la documentación técnica, el caso representa un tema social que requiere atención, debido a la preocupación vecinal por posibles impactos en la calidad de vida. Añadió que, en caso de detectarse incumplimientos o afectaciones reales, el municipio deberá aplicar medidas correctivas.
Las autoridades coincidieron en que el relleno sanitario cuenta con respaldo documental y permisos vigentes, pero advirtieron que la aceptación social y el cumplimiento operativo serán factores clave para evitar una mayor escalada del conflicto en Corregidora.
