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“Sexenio de AMLO: realidad versus lo aspiracional” Jesús Roldán Acosta.

“Los procesos sociales no se detienen ni con el crimen ni con la fuerza”.
(Discurso de Salvador Allende Gosens ante la Asamblea General de la ONU, Diciembre, 1972).
Muy probablemente habría la misma y severa resistencia que recurrentemente y en cualquier sexenio de gobierno ocurre, proveniente de los grandes grupos empresariales, además de las consabidas confrontaciones con los opositores partidos políticos diferentes al gobierno en turno y que muy seguramente tomarán forma en la próxima administración gubernamental de Andrés Manuel López Obrador, éste tendrá que desarrollar sus mayores esfuerzos a fin de intentar cambiar lo efectuado por anteriores regímenes gubernamentales, ello por la vía (“amorosa”) y pacifica.
Se tendrán que movilizar importantes acciones, para que, de manera proactiva, se propicien óptimas condiciones, mismas que encaren los intereses hegemónicos, por supuesto que, alineándose -en primera instancia- hacia el interés de las mayorías. Desde luego que habrá seguramente grandes reticencias por parte de aquellos grandes grupos de interés económico-financieros; de los cuáles prevalecen los relacionados con intereses hegemónicos.
Los contrapesos históricamente beneficiados no quedarán a la expectativa, actuarán de diversas maneras, abrigando sus propias posturas (sutiles e indirectas) o aún, por denominarlo así: encarnizadas. Todo eso se enmarcará en medio de una diversa y contrastante sociedad, que como la mexicana se encuentra a la espera de prontos y transparentes resultados.
La prueba de fuego, como los economistas suelen llamar sería  “la prueba del ácido”, que permanecerá presente durante los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde habrán elecciones federales, estatales y locales (intermedias).
Desde luego que lo antes expuesto se inserta dentro de una simbiótica y por demás lacerante dinámica  en la relación empresas-gobiernos (llámese federal y estatal); sólo recordemos que de acuerdo con el “Índice Global de Corrupción” (2017), México se ubicó en el lugar 135 de 180 países evaluados en esa asignatura.
Interesante será conocer también acerca de ¿cómo le hará la administración de Andrés Manuel López Obrador? para que el país -recorrido por él por varios lustros- crezca al anhelado ritmo del 4% y supere el magro 2% del crecimiento de la economía, fomentando en gran medida la generación de mayores y bien remunerados empleos; la simple respuesta que se escucha es que se incentive un mayor consumo y que el gasto público sea más eficaz, tónica reiterada por añejas administraciones sexenales escuchadas desde el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, hasta nuestros días.
AMLO debió aprender de ello y mucho, ya que durante los años en que trabajó en distintas administraciones federales (siendo él entonces priista), a López Obrador le tocó sentir y capotear muchos sabores o sinsabores de esas reiteradas medidas que no superaron los aún problemas sociales; por el contrario, éstos se han agudizando.
Por cierto, muchos de nosotros hemos sido testigo que en las últimas cuatro administraciones gubernamentales la aspiración de crecer al 4% no se ha cumplido; con Vicente Fox Quesada hubo un crecimiento económico promedio anual del 2%,  con Felipe Calderón Hinojosa del 1.8%, con Enrique Peña Nieto apenas del 2.5%.
Adicional al bajo crecimiento, se requiere de la certeza jurídica, haciendo serias correcciones del estado de derecho, mejorando la impartición de la justicia, vigilando que los jueces no sean sobornados, en la región latinoamericana nuestra nación está en el quinto puesto de la América Latina y del Caribe en el rubro de incumplimiento del estado de derecho.
Todo ello ha hecho que en México el 9% del PIB proviene del fenómeno de la corrupción; lo cual bloquea cualquier intento de apertura de nuevos negocios en territorio mexicano. En 2017, México ocupó el primer lugar con el mayor índice de corrupción en el renglón de prestación de servicios públicos.
Otro aspecto, no menos importante, es que se aliente la inversión doméstica (tanto pública como privada), que se reviertan los serios recortes y se agilice el oportuno ejercicio del presupuesto público encaminado a vitales y estratégicas obras de infraestructura física. Según datos recientes difundidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el año pasado, el gobierno federal invirtió el 2.6%  del PIB (once años antes, en el 2006, éste fue del 2.4%); o sea, en términos reales -en cuanto al tiempo y espacio-, vamos como el cangrejo, hacia atrás.
Lo anterior ha impactado severamente al sector mexicano de la construcción, privilegiando a unos cuantos, cercanos al presidente actual, donde para el 2017, el gasto de inversión física de parte del gobierno federal registró el 2.6% del PIB, cayendo al 1.3%. Eso es verdaderamente penoso, sobre todo en un país, donde el 40% de sus vías carreteras se encuentran pavimentadas.
De esa manera, nos preguntamos ¿cómo pretendemos incrementar los índices de  productividad económica sin lo fundamental: contar con buenas y mayor cantidad de carreteras que fortalezca y conduzcan nuestros productos hacia el mercado local y de exportación?
Creyendo que con la desgastada y obtusa idea de hacer recortes a la burocracia de gobierno -no sólo de quitar empleos a la gente, sino también de reducir asignaciones presupuestales a programas sociales y de infraestructura física es que se solucionarán los males endémicos; recordemos que eso no ha prosperado y pasa a formar del placebo, es como tomar un “mejoralito”, cuando lo que se requiere son soluciones de mayor relevancia, que trasciendan positivamente, trabajando día a día con gran eficacia y eficiencia probada en resultados tangibles, que no maquillados. Es decir, se requiere de la puntual y constante inversión en infraestructura pública y privada; el año pasado, la primera fue del 3% y la segunda fue del 18%.
@JROLDANA

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