CANAINMA QUERÉTARO IMPULSA CONSUMO RESPONSABLE DE MADERA Y FORTALECE PROVEEDURÍA LEGAL

La presidenta de la delegación Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria Maderera (CANAINMA), Jaqueline Sánchez Portillo, informó que en el municipio se tienen identificadas alrededor de 800 unidades económicas relacionadas con el sector maderero, de las cuales únicamente 29 empresas forman parte actualmente de la cámara.

Durante una rueda de prensa, explicó que el universo de la industria es amplio, pues abarca desde la comercialización de madera en bruto hasta la fabricación y venta de artículos terminados como utensilios de cocina y mobiliario.

Sánchez Portillo aclaró que CANAINMA no es una autoridad encargada de inspeccionar o sancionar establecimientos, por lo que no determina la legalidad de los negocios. No obstante, indicó que trabajan en coordinación con SEMARNAT y PROFEPA, además de otros organismos empresariales, para promover el consumo responsable y combatir el comercio informal.

Actualmente se realiza un cruce de información con autoridades municipales para conocer con mayor precisión la situación de las unidades económicas del sector, por lo que aún no hay cifras definitivas sobre cuántas cumplen con toda la normatividad.

La dirigente destacó que CANAINMA cuenta con filtros y requisitos para la afiliación, con el fin de ofrecer a consumidores e industria una red de proveedores confiables y dentro del marco legal.

Una de las principales acciones, dijo, es informar al consumidor cómo verificar el origen legal de la madera. Detalló que una factura debe incluir como mínimo: la especie de la madera, el volumen en metros cúbicos y el código de identificación forestal del establecimiento, que corresponde al permiso otorgado por SEMARNAT, además de la licencia municipal de funcionamiento.

Aclaró que la ausencia de esta información no implica automáticamente que la madera sea ilegal, pero sí representa un incumplimiento de disposiciones federales. Las sanciones, añadió, dependen del volumen involucrado y son determinadas por autoridades federales, por lo que no hay un monto general.

Finalmente, señaló que aún no se tiene un estimado de establecimientos con irregularidades, ya que ese análisis forma parte del trabajo que se desarrolla con las autoridades.

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