El veto del ejecutivo estatal de la Ley de Identidad de Género aprobada por el Congreso local desató fuertes críticas de colectivos LGBT+, quienes calificaron la decisión como un retroceso en materia de derechos humanos y un acto con motivaciones político-electorales.
El Comité Organizador de la Marcha de Orgullo y Dignidad LGBT+ de Querétaro señaló que las declaraciones del mandatario son “irresponsables y profundamente regresivas”, al reproducir estigmas que históricamente han colocado en situación de vulnerabilidad a las personas trans, especialmente a niñas, niños y jóvenes. Exigieron además un documento oficial, público y con sustento científico y jurídico que explique las razones del veto.
En su posicionamiento, los organizadores advirtieron que “la identidad no se debate, no se condiciona y no se veta”, y aseguraron que no permitirán retrocesos en los derechos conquistados por la diversidad sexual en la entidad.
Por su parte, el Frente Queretano DNDEL calificó el veto como un hecho “profundamente atípico” en la vida política moderna del estado, al subrayar que Kuri es el primer gobernador en utilizar formalmente el derecho de veto para frenar una ley relacionada con derechos humanos. El colectivo acusó que la decisión responde a un cálculo político-electoral y que los derechos humanos fueron usados “como moneda de cambio político” rumbo al proceso electoral 2026-2027.
El Frente también aclaró que la iniciativa aprobada no contemplaba cambios de identidad de género para menores de edad, pues el dictamen excluía explícitamente a niñas, niños y adolescentes. Defendieron que la propuesta no respondía a una “agenda ideológica”, sino al reconocimiento de derechos constitucionales ya vigentes en la mayoría de las entidades federativas.
Ambas organizaciones coincidieron en que el veto representa una oportunidad perdida para colocar a Querétaro “del lado correcto de la historia” y reiteraron que continuarán defendiendo el reconocimiento pleno de los derechos de las personas trans y no binarias en el estado.
