Como resultado de la aprobación de una iniciativa de reforma aprobada en la Cámara de Diputados a nivel Federal, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) deberá generar el Padrón Nacional de Deudores Alimentarios, señaló Apolinar Casillas, Director del Registro Civil del Estado de Querétaro.
Tendrá 300 día hábiles para implementar este padrón nacional, sin embargo, al no tener incursión en actividades locales, serán los congresos locales los que, en un plazo no mayor a 120 días hábiles, deberán realizar una armonización legislativa, que adapte sus normativas a la reforma aprobada.
Expresó que el lunes 8 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación esta reforma a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que aprobó el Congreso Federal.
Detalló que esta reforma obliga a los tres órdenes de gobierno a realizar algunas acciones, sobre todo a los sistemas estatales DIF.
En ese sentido, comentó que Querétaro está iniciando preparativos, tanto en lo local, como en coordinación con el resto de las direcciones de registro civil del país para contar con infraestructura, documentación y herramientas para desarrollar el registro del padrón de deudores alimentarios.
“Una vez que se haga esta armonización legislativa local estaremos arrancando con este registro”, dijo.
Si los congresos locales coinciden en que los estados deben armonizar sus legislaciones en este tenor es entonces que se deberá generar un registro nacional o padrón nacional de deudores alimentarios, lo cual requerirá de un trabajo de coordinación de todas las entidades.
También se requerirá el apoyo de los poderes judiciales de los estados, quienes emiten la resolución vinculante con los deudores.
Apolinar Casillas refirió que será necesario identificar la infraestructura tecnológica se requiere para desarrollar registrar la información al padrón, la manera en que aperará y quien lo hará, así como el costo por todo esto.
Respecto al uso de datos personales para evidenciar aquellos deudores alimentarios, consideró que es inconstitucional la publicación de nombres y rostros en vía pública, toda vez qué en muchos de los casos no se ha emitido una sentencia por parte de un juez. Además que se violenta el la protección de datos personales.
