ERIC SALAS VS MAURICIO ORTIZ ¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?

TRAS LA VERDAD

Durante la semana que termina, se difundió la noticia sobre una nueva reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, en la que inconstitucional e ilegalmente pretendían eliminar los contratos colectivos de trabajo.

 La disputa fue entre los “coordinadores” de las bancadas del PAN y del PRI; se inculparon vamos, se echaban la culpa de no ser los autores de la iniciativa. Sin embargo, Mauricio Ortiz, afirmó que la bancada del PAN, era la autora de la iniciativa.

 Por otro lado, Eric Salas el otro “coordinador”, tildó de mentiroso a los priistas, al asegurar que el PAN, no preparaba semejante iniciativa de ley.

 Lo cierto que la pretendida y frustrada reforma buscaba limitar los beneficios contractuales de jubilados y pensionados para que estos no obtuvieran mayores beneficios que aquellos que se estipulan en la ley.

 Algo hubo de cierto en la aberrante intención de pretender eliminar los contratos colectivos de trabajo, que incluso el mismo Eric Salas, se vio en la necesidad de llevar a cabo reuniones con líderes sindicales.

 En entrevista periodística Eric así lo reconoció; dijo que se trató de un acercamiento –muy curioso momento para acercamientos- para tener mejores relaciones, que las reuniones fueron muy provechosas, pero que no existía la intención de limitar los contratos colectivos. Palabras más, palabras menos. Y reiteró que los priistas eran unos mentirosos toda vez que ellos –los panistas- no tenían la intención de presentar esa iniciativa.

 Por su parte Mauricio Ortiz, coordinador de la bancada del PRI en la LVIII Legislatura, en las redes sociales insistió sobre la iniciativa que preparaba el PAN. Argumentó que el PRI rechaza la desaparición de los contratos colectivos de trabajo.

 Esta diferencia de opiniones entre los dos  “coordinadores” dio la oportunidad para que “desaparecieran” la aludida iniciativa. Resulta probable la existencia de la misma si tomamos como referencia las últimas reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado y Municipios, en las que arrasaron con varios de los derechos contractuales conquistados por los sindicatos, respecto de los cuales el mismo Eric Salas dijo que todo estuvo bien, que aquellos que se han amparado en contra de las reformas han perdido los juicios; de ahí que haya resultado altamente creíble otro “albazo” a los trabajadores o pretensos jubilados o pensionados.

 Lo cierto que de haberse presentado la iniciativa de ley que hoy niegan su existencia los legisladores, hubiera resultado un acto abusivo y violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123; y de la Ley Federal del Trabajo, en su Capítulo III, Contrato Colectivo de Trabajo. Es de legos conocido que las leyes laborales establecen los derechos mínimos que deben gozar los trabajadores y por medio de los contratos colectivos o bien por voluntad patronal –excepcionalmente- no hay límite para mejorar esos derechos, incrementarlos inclusive en beneficio de los empleados. Pero jamás estaría permitido disminuir los derechos o limitarlos, sería flagrantemente inconstitucional.

 En la doctrina se le conocen como conquistas sindicales a la serie de beneficios que obtienen los trabajadores por medio de los contratos colectivos de trabajo, a saber,  aumento de prestaciones, pago de un mayor número de días de aguinaldo, apoyos deportivos, de educación, guarderías, días por maternidad y paternidad, apoyos por marcha, días económicos, quinquenios, apoyos para estudiar, etcétera.

 Total que la disputa por la titularidad de la cruel intención de reforma la ley en detrimento de los trabajadores de los tres poderes del estado y municipios, pretendiendo restringir el alcance de los contratos colectivos, al parece, ha quedado solo en eso, en acusaciones sin fundamento. Quiero pensar que los autores de la perversa idea lo pensaron mejor y desistieron de sus malévolas intenciones de seguir perjudicando a los empleados, al darse cuenta de la aberración legislativa y jurídica que estaban a punto de cometer.

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