Diputados y representantes de Morena anunciaron que presentarán un recurso de insconstitucionalidad para echar abajo las modificaciones al Código Penal llamada “Ley Garrote”, misma que fue aprobada y publicada en el diario de La Sombra de Arteaga el pasado 18 de diciembre y a la cual se le califica como represora de los derechos humanos y de la libertad de expresión.
“Ley garrote busca criminalizar la protesta social, la pandemia les ha beneficiado a la administración del estado para evitar las manifestaciones, violenta los derechos humanos” declaró Fernando Islas Blas
En este sentido, Paloma Arce, diputada local por Morena, informó que tomarán acciones legales, ya que las modificaciones al Código Penal no fueron consultadas y reprimen la libre manifestación en Queretaro.
“El grupo parlamentario de morena estuvimos en contra de estas modificación desde abril sin embargo el gobierno del estado no quiso hacernos caso” comentó Paloma Arce
Resaltaron que dicha ley fue aprobada con el pretexto de salvaguardar la integridad física del personal de salud durante la pandemia del Covid-19.
“Esta ley se hizo buscando apoyo a todo el personal de salud que viene enfrentándose a esta situación de la pandemia, esto para proteger al sector salud porque hubo algunas situaciones de agresiones, falta de conocimiento, por ignorancia” dijo Fabiola Larrondo.
Cabe mencionar que los representantes aseguraron haber tenido un foro abierto junto a organizaciones civiles y a Rosario Piedra, Titular de los Derechos Humanos a nivel federal, con la intención de que no surgiera dicha ley.
“Ya había sido advertido el gobierno de Queretaro, el congreso local por la comisión nacional de derechos humanos y la secretaria de gobernación de que lo que estaban proponiendo era anti constitucional, ya lo aprobaron “ Dijo Ángel Balderas, Presidente del Consejo
Los diputados y diputadas Paloma Arce, Laura Polo, Fabiola Larrondo, y Fernando Islas Blas, así como Ángel Balderas, Presidente del Consejo Estatal de Morena buscarán una reunión con las personas involucradas en apoyar dicha acción, así como la Comisión de los Derechos Humanos para derrocar las modificaciones publicadas.
“Cualquier persona que vaya a hacer una protesta ya ahora pueden detenerla y meterla a la cárcel por ese simple hecho, con el pretexto de que se esa impidiendo una obra cuando los ciudadanos estámos en el derecho de protestar y decir que no estamos de acuerdo con las obras” Paloma Arce, concluyó.
